En el Día de la Memoria, miles de personas se movilizaron este lunes a la Plaza de Mayo, a 49 años del último golpe militar.

Por primera vez, en dos décadas, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y los organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo marcharon juntos.

Para muchos referentes de organismos de derechos humanos, se trató de una de las movilizaciones del 24 de marzo más convocantes de los últimos tiempos.

En el escenario principal se leyó este documento: “A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo ¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas! Urgente desclasificación de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan.

“Seguimos exigiendo que nos digan: ¿Dónde están? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado”, agregaron.

“Hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado. Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martínez de Hoz, entre tantos otros. Hoy, son esos mismos grupos económicos los que se benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo”, dice el documento.

El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sostiene: “A 49 años del golpe de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, decimos: son 30.000 detenidos, desaparecidos y asesinados; fue y es genocidio. Como Milei, Villarruel y La Libertad Avanza niegan y son apologistas deesos crímenes y reivindican a la dictadura, repetimos: son 30.000; fue y es genocidio”.

“Queremos comenzar reivindicando a cada jubilada y jubilado que, con su lucha persistente, nos marcan el camino para enfrentar el ajuste y la represión del gobierno. Repudiamos la feroz y planificada provocación represiva, con métodos que amenazan las más elementales libertades democráticas y tienen el objetivo de imponer un régimen más autoritario. Desde este acto abrazamos a Pablo Grillo, que continúa internado producto de un disparo de gas lacrimógeno directo a su cabeza por el gendarme Víctor Guerrero. Patricia Bullrich y las fuerzas represivas son responsables, exigimos juicio y castigo. ¡Fuera Bullrich! Y denunciamos también la tregua de las conducciones de las centrales sindicales y a los partidos políticos tradicionales que continúan dando gobernabilidad a Milei”, plantearon.

“Denunciamos que: El Estado y sus gobiernos, al igual que la Iglesia Católica, nunca abrieron los archivos de la represión y Milei pretende destruirlos. Por eso exigimos su apertura completa, desde 1974 a 1983. Las Abuelas y la lucha popular recuperaron a 139 nietes, pero son más de 400, por eso exigimos restituir su identidad a cada persona apropiada. Como el 77% de los condenados está en casa, con salidas ilegales y fiestas de cumpleaños, exigimos cárcel común, perpetua y efectiva. No a las domiciliarias. Como las ex presas y presos políticos o exiliados, sobrevivientes, hijas e hijos reciben pensiones mínimas, exigimos al Estado cumplir con las leyes reparatorias. Como se entregan a instituciones privadas los predios públicos de la ESMA y otros ex centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y exterminio de nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hijas e hijos, nietes y sobrevivientes, exigimos que se acabe con su desmantelamiento, se los declare sitios de memoria y se los preserve como prueba. Repudiamos también los despidos de trabajadores que los mantienen funcionando, reclamando su reincorporación”, agregaron.