El Gobierno nacional confirmó que este miércoles transferirá los subsidios al transporte automotor de pasajeros, en medio de la tensión con las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, pese al giro de fondos, las compañías anticiparon que mantendrán la reducción de servicios al considerar insuficiente el monto que recibirán.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que el pago se realizará dentro de los plazos habituales y remarcaron que la normalización de las frecuencias dependerá de los operadores. “Estamos cumpliendo con nuestra parte: pagar y convocar al diálogo”, señalaron fuentes oficiales, que además confirmaron una reunión con representantes del sector empresario prevista para el jueves a las 11.

El conflicto escaló luego de que varias líneas redujeran alrededor de un 30% su circulación, lo que provocó demoras y complicaciones para los usuarios en las últimas jornadas. Desde el Gobierno cuestionaron la medida y la atribuyeron a una estrategia de presión por parte de las compañías.

Del lado empresario, la postura es distinta. Marcelo Pasciuto, titular de DOTA —uno de los principales grupos del sector—, advirtió que el sistema atraviesa una situación crítica y sostuvo que los fondos que se acreditarán no alcanzan para cubrir la deuda acumulada. Según explicó, el depósito sería parcial y no compensaría los atrasos ni el aumento de costos operativos, en particular el fuerte incremento del combustible en las últimas semanas.

El directivo también señaló que la crisis se profundizó tras la reorganización del esquema de subsidios entre Nación, Provincia y Ciudad, lo que, a su entender, generó descoordinación en los pagos. Afirmó que las empresas arrastran deudas correspondientes a los últimos meses de 2025 y a los primeros de este año, además de compromisos vinculados al mes en curso.

En ese contexto, advirtió sobre las dificultades para afrontar obligaciones inmediatas, como el pago de salarios. Según detalló, los fondos deben acreditarse con urgencia para cumplir con los plazos bancarios, lo que deja a las empresas ante la disyuntiva de recurrir a financiamiento costoso o sostener el servicio con recursos insuficientes.

También cuestionó la gestión de las distintas jurisdicciones, al señalar demoras tanto a nivel nacional como provincial, mientras destacó que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema funciona con normalidad debido a que los costos están cubiertos.