El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que pedirá el juiio político contra una jueza penal juvenil porteña que declaró inconstitucional la aplicación de un artículo clave del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo. La gestión porteña también apela la medida.

La resolución fue dictada por Laura Beatriz de Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, a partir de un planteo presentado por la defensa pública. La causa se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando el adolescente fue acusado de participar de una tentativa de robo junto con otros jóvenes.

El fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 en relación con este caso. Ese artículo establece que el régimen penal juvenil se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando son imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

De Marinis sostuvo que la aplicación de la nueva legislación resultaba regresiva para el adolescente involucrado, dado que antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen el Estado podía intervenir mediante el sistema de protección integral de derechos, pero no perseguirlo penalmente por su edad.

En su resolución, la magistrada planteó además que la respuesta estatal frente a determinadas trayectorias de vulneración de derechos debe contemplar herramientas vinculadas con la educación, la salud y la contención social.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, señaló De Marinis en uno de los pasajes del fallo.

La jueza agregó que la incorporación al sistema penal debería constituir “el último recurso” y consideró que, en algunas trayectorias de vida, ese mecanismo termina siendo la primera respuesta institucional.

Como consecuencia de su decisión, el adolescente de 14 años fue sobreseído en esta causa. La resolución se refiere al caso concreto y no implica por sí misma la anulación general de la Ley 27.801.

Luego de conocerse la resolución, Jorge Macri cuestionó públicamente el fallo y anunció que el Gobierno porteño avanzará con una apelación. Además, anticipó que solicitará el juicio político de la jueza.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó el jefe de Gobierno, según declaraciones difundidas por La Nación.

Macri agregó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”. Cerró su pronunciamiento con otra definición: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

El planteo de Macri se suma así a la discusión sobre la aplicación de la nueva legislación penal juvenil, que redujo la edad mínima de responsabilidad penal a los 14 años.

La resolución generó además una reacción de la senadora nacional por CABA de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien cuestionó el criterio adoptado por la magistrada. “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, sostuvo y agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.