La legisladora Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires), junto a integrantes de su bloque, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes sobre la licitación de estacionamientos subterráneos disuasorios impulsada mediante la Resolución Conjunta Nº 9/MJGGC/26 en cinco espacios: Parque España, en Barracas (Comuna 4); un predio en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios (Comuna 4); la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo (Comuna 14); el Parque de la Innovación, en Núñez (Comuna 13); y la Plaza Noruega, en Belgrano (Comuna 13), como informó Pura Ciudad

El proyecto requiere información sobre el marco legal que habilita la incorporación de nuevas localizaciones al sistema previsto por la Ley N.º 3058, incluyendo emplazamientos en las Comunas 4, 13 y 14. En particular, se pide precisar la normativa que permite sumar estos puntos, así como la compatibilidad de esa decisión con el esquema original de la ley.

Asimismo, se solicita al Ejecutivo que fundamente el alcance del artículo 8º de la norma, en relación con la posibilidad de ampliar el sistema sin intervención legislativa, e informe si hubo dictamen de la Procuración General de la Ciudad sobre este aspecto.

En relación con la licitación, el pedido incluye el requerimiento del dictamen completo de la comisión evaluadora que intervino en el proceso y los criterios utilizados para declarar de interés público la iniciativa presentada por la empresa E-ARG SRL. También se consulta si se realizaron estudios de factibilidad jurídica, impacto urbano y ambiental, y análisis de demanda.

Otro eje del pedido apunta a la integración del sistema con el transporte público, tal como lo establece la Ley 3058. En ese sentido, se solicita información sobre los mecanismos de integración tarifaria, los estudios de movilidad que respaldan la localización de los proyectos y la posibilidad de que las cocheras funcionen como estacionamientos de uso general.

El proyecto también incluye consultas sobre los aspectos económicos y contractuales, como el monto estimado de inversión, el esquema de financiamiento y las condiciones de explotación de las concesiones, previstas a 20 años.

En materia de participación, se requiere información sobre la intervención de las Juntas Comunales y la realización de instancias de consulta pública, así como los mecanismos previstos para incorporar las opiniones de vecinos y organizaciones.

Por último, se solicita precisar qué organismos estarán a cargo del control de los contratos y si está prevista la intervención de la Auditoría General de la Ciudad o del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo del pedido es contar con información detallada que permita evaluar la implementación del sistema de estacionamientos disuasorios en el marco de las competencias de la Legislatura.