Un operativo de desalojo se desarrollaba este jueves por la mañana en un inmueble ubicado en la calle San Blas 1974, en la intersección con Andrés Lamas, en el barrio porteño de Villa General Mitre (Comuna 11), cerca del límite con La Paternal (Comuna 15). El procedimiento comenzó alrededor de las seis de la madrugada y afecta a más de un centenar de personas que habitan el lugar, entre ellas familias con niños y personas con discapacidad.

Según relataron vecinos y residentes, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de distintas áreas del Gobierno porteño llegaron al lugar a primera hora e intentaron ingresar al edificio. De acuerdo con estos testimonios, inicialmente no se habría exhibido una orden judicial escrita, lo que generó resistencia por parte de quienes viven allí. Más tarde, indicaron, se informó que la intervención contaba con aval de la fiscalía, presuntamente comunicado de forma telefónica.

Durante la mañana, el operativo continuaba con un vallado perimetral que impedía el acceso a la cuadra. También se acercaron legisladores, referentes sociales, vecinos y docentes de escuelas cercanas, algunos de los cuales cuestionaron la modalidad del procedimiento y reclamaron soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Desde sectores opositores, la diputada porteña Delfina Velázquez calificó el desalojo como “irregular” y sostuvo que se estaría avanzando sin cumplir con las garantías correspondientes. En la misma línea, otros referentes señalaron que no hubo notificación previa y cuestionaron la falta de una respuesta habitacional integral, consignó Tiempo.

Por su parte, uno de los habitantes del inmueble, que aseguró vivir allí desde hace casi tres décadas, describió que tras una primera negativa de ingreso, las autoridades realizaron un relevamiento interno y comenzaron a desarrollar un censo de las personas que residen en el lugar. Según indicó, a los ocupantes se les habría mencionado la posibilidad de una reubicación, aunque manifestaron su rechazo a soluciones transitorias como subsidios económicos o paradores.

En paralelo, fuentes del Gobierno porteño señalaron que el predio se encuentra ocupado desde el año 2000 y que cuenta con una sentencia firme de desalojo dictada en 2009. Además, indicaron que el procedimiento estaría vinculado a la necesidad de realizar una inspección estructural ante el presunto riesgo de derrumbe.

El inmueble, que abarca varias direcciones entre San Blas y Andrés Lamas, pertenece a un propietario particular y fue escenario de un prolongado conflicto judicial. Desde la administración local también señalaron que algunos de los ocupantes tendrían antecedentes y causas abiertas, aunque estos datos no fueron detallados oficialmente, indicó Clarín.

Mientras tanto, en el lugar se registraron momentos de tensión, con empujones y discusiones entre efectivos y personas que intentaban ingresar o permanecer en la propiedad. El operativo continuaba al cierre de esta nota, con presencia de fuerzas de seguridad y equipos técnicos que avanzaban en el relevamiento de la situación.