El Gobierno nacional aprobó el nuevo contrato de concesión de AySA y avanza el proceso de privatización del servicio de agua y cloacas
El nuevo esquema contractual busca definir con mayor precisión los derechos y obligaciones entre el Estado y el futuro operador privado.
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Foto: pxhere
El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión para la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco del proceso de privatización del servicio, a través de la Resolución 543/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).
La medida forma parte de la implementación de la Ley de Bases y establece las condiciones para la futura transferencia del control operativo de la compañía, que presta servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, alcanzando a más de 14 millones de usuarios.
Según se indicó en los fundamentos de la resolución, el nuevo esquema contractual busca definir con mayor precisión los derechos y obligaciones entre el Estado y el futuro operador privado, con el objetivo de otorgar previsibilidad jurídica al proceso de venta del paquete accionario.
El plan oficial prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el resto será ofrecido en el mercado bursátil.
El contrato establece una concesión por 30 años, con la posibilidad de una prórroga de hasta 10 años adicionales. En ese período, el concesionario deberá encargarse de la prestación, mantenimiento y expansión del sistema de agua y cloacas en la región metropolitana.
El área de cobertura incluye distritos como La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, Tigre, Morón, Lanús, Florencio Varela, Pilar, entre otros partidos del conurbano bonaerense.
El esquema también contempla una hoja de ruta de transición. Entre 2024 y 2026, AySA deberá implementar un plan de acción orientado al saneamiento financiero y la reorganización operativa. A partir de enero de 2027 comenzará el denominado “Primer Ciclo Tarifario” bajo administración privada, en el que se definirán metas de inversión, expansión de redes y criterios de prestación del servicio.
Con la aprobación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para avanzar con el lanzamiento del pliego de licitación nacional e internacional, paso clave para la selección del futuro operador del servicio.
