Publicado el 15 de mayo de 2026|

AMBA: el Gobierno nacional oficializó la licitación para vender las acciones estatales de AySA y detalló el proceso de venta

La privatización se inscribe en lo dispuesto por la ley 27.742, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y forma parte de un proceso más amplio que incluyó la adecuación del marco regulatorio del servicio.

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Foto: pxhere

El Gobierno nacional formalizó este viernes el llamado a licitación para privatizar el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la publicación de los pliegos y el detalle del procedimiento en la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo.

La medida autoriza la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, que prevé la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado —equivalentes al 90% del capital social— a un único operador estratégico. El proceso se realizará sin precio base y bajo el marco de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el decreto 494/2025.

Según se desprende de la resolución, la privatización se inscribe en lo dispuesto por la ley 27.742, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y forma parte de un proceso más amplio que incluyó la adecuación del marco regulatorio del servicio mediante los decretos 493 y 805 de 2025, así como la aprobación y firma, el pasado 7 de mayo, del nuevo contrato de concesión para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

El esquema definido contempla, en una primera instancia, la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico a través de la licitación pública, mientras que el remanente podrá ser colocado en bolsas y mercados del país. El 10% restante de la empresa continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

El proceso licitatorio será gestionado de manera íntegramente electrónica a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados deberán inscribirse, acceder al pliego y presentar sus ofertas. La convocatoria será difundida durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMarket del Banco Mundial, además de los sitios oficiales del Ministerio de Economía y de la empresa.

El cronograma establece que las consultas podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10:00, se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros de los oferentes.

La licitación se desarrollará en dos etapas: una primera de preselección, en la que se analizará la admisibilidad de las ofertas técnicas, y una segunda en la que se evaluarán las propuestas económicas para determinar la oferta más conveniente. La adjudicación final quedará a cargo del Ministerio de Economía.

La resolución también dispone la creación de una Comisión de Evaluación “ad hoc”, integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las propuestas, solicitar aclaraciones y recomendar la adjudicación o el rechazo de ofertas.

El pliego establece que podrán participar empresas nacionales o extranjeras, de manera individual o asociada, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y financieros exigidos. También fija restricciones: no podrán presentarse firmas con sanciones, deudas fiscales o antecedentes de incumplimientos contractuales con el Estado, ni aquellas controladas por Estados soberanos.

Asimismo, los interesados podrán acceder a un “data room” con información técnica, legal y financiera de la empresa, previo cumplimiento de requisitos de confidencialidad, y tendrán la posibilidad de realizar visitas a instalaciones clave del sistema, como plantas potabilizadoras, estaciones elevadoras y plantas depuradoras.

El Gobierno aclaró que la presentación de ofertas implicará la aceptación plena de las condiciones del pliego, del contrato de concesión y del contrato de compraventa de acciones. Además, se reservó la facultad de modificar, suspender o dejar sin efecto el proceso en cualquier momento antes de la adjudicación, sin derecho a reclamos por parte de los oferentes.

La iniciativa apunta a transferir al sector privado la operación del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de una “transformación refundacional” del sistema, según se desprende de los considerandos de la norma.

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