Un proyecto de ley presentado este viernes en la Legislatura de la Ciudad busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen de manera indebida el sistema público de emergencias, especialmente cuando se trate de llamadas o denuncias falsas reiteradas que generen el despliegue innecesario de recursos policiales, sanitarios o de otros organismos.

La iniciativa, identificada con el expediente 2496-D-2026 y presentada por la legisladora Sandra Mónica Rey, propone modificar el artículo 81 del Código Contravencional porteño e incorporar una nueva figura específica para detectar patrones reiterados de utilización indebida del sistema de emergencias.

Según el proyecto, quienes realicen llamadas, denuncias o alertas falsas “sin motivo” a través del 911 u otros canales oficiales y provoquen el desplazamiento innecesario de recursos públicos podrían recibir una multa de entre 500 y 1.900 unidades fijas o, alternativamente, entre 5 y 15 días de trabajos de utilidad pública.

La propuesta establece un régimen más severo cuando la conducta sea reiterada. Para quienes realicen tres o más llamadas sin motivo, se plantea una multa de entre 2.000 y 5.000 unidades fijas, trabajos de utilidad pública de entre 10 y 30 días y arresto de 10 a 30 días.

El proyecto también contempla sanciones para quienes impidan u obstaculicen intencionalmente el funcionamiento de los servicios de emergencia. En esos casos se prevén multas de entre 450 y 2.500 unidades fijas y arresto de entre 2 y 10 días.

Cuándo se agravarían las sanciones

La iniciativa establece que las sanciones podrán incrementarse hasta el máximo legal cuando las llamadas falsas tengan determinadas características.

Entre los agravantes incluidos aparecen los casos en que las comunicaciones tengan como objetivo hostigar, intimidar o perseguir a una persona, cuando sean dirigidas reiteradamente contra un mismo domicilio o cuando sean utilizadas para perjudicar el funcionamiento de un comercio, empresa, institución educativa, organización social o dependencia pública.

También se contempla una mayor penalización cuando la denuncia falsa genere el desplazamiento efectivo de policías, ambulancias del SAME, Bomberos u otros organismos de emergencia, así como cuando la conducta provoque una afectación comprobable sobre la capacidad de respuesta del sistema.

Un nuevo mecanismo para detectar casos reiterados

El proyecto propone además incorporar el artículo 81 bis al Código Contravencional. La nueva disposición establece que, cuando la autoridad competente detecte un patrón reiterado de utilización indebida del sistema público de emergencias, deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.

El objetivo será determinar si, además de la contravención, podría existir algún delito u otra infracción y establecer quiénes son los responsables.

La iniciativa también plantea que la autoridad de aplicación implemente mecanismos destinados a analizar y detectar patrones de llamadas falsas, aunque establece que deberán respetarse las garantías constitucionales y las normas vigentes sobre protección de datos personales.

El argumento del proyecto

En los fundamentos se sostiene que cada denuncia falsa puede generar el desplazamiento de patrulleros, ambulancias, dotaciones de Bomberos u otros recursos que, durante ese operativo, dejan de estar disponibles para atender emergencias reales.

El proyecto pone especial énfasis en los casos en los que la utilización del 911 se convierte en una práctica sistemática contra un mismo domicilio o establecimiento. Según sus fundamentos, en esas situaciones el sistema de emergencias puede ser utilizado como una herramienta de hostigamiento o persecución.

La autora sostiene que las normas actuales no serían suficientes para abordar específicamente los casos de utilización reiterada y maliciosa de los canales de emergencia y plantea diferenciar las situaciones aisladas de aquellas que forman parte de un comportamiento sistemático.

La propuesta también aclara que su objetivo no es desalentar las comunicaciones de personas que recurren legítimamente al sistema de emergencias, sino preservar la disponibilidad de los recursos públicos para situaciones que requieren una respuesta inmediata.

Si el proyecto avanza, el Poder Ejecutivo porteño tendría 90 días desde su promulgación para reglamentar la nueva normativa.