Legisladores del bloque Confianza y Desarrollo presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone crear un régimen de incentivos fiscales y financieros para promover la finalización de obras privadas paralizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, encabezada por el diputado Emmanuel Ferrario y acompañada por María Eugenia Ocaña y Edgardo Néstor Alifraco, apunta a recuperar inmuebles en desuso —denominados “esqueletos urbanos”— y reinsertarlos en el tejido urbano con destino habitacional o productivo.

Según el texto, el régimen alcanzará exclusivamente a construcciones de dominio privado que se encuentren paralizadas desde hace al menos cinco años, con un avance de obra superior al 60%, una superficie mínima de lote de 500 metros cuadrados y al menos 2.000 metros cuadrados construidos.

El proyecto establece que los propietarios que deseen adherirse deberán presentar un Plan de Adecuación ante la autoridad de aplicación, con información detallada sobre el estado de la obra, su situación legal, el cronograma de finalización, el financiamiento previsto y el destino del inmueble.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de criterios de “asequibilidad habitacional”. En ese sentido, la aprobación de los planes quedará condicionada a que parte de las unidades proyectadas contemplen valores de venta o alquiler acordes a los ingresos medios de la zona, según parámetros que definirá la reglamentación.

Beneficios fiscales y financieros

Entre los incentivos previstos, la iniciativa contempla la exención del pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) por hasta dos años durante la ejecución de la obra, así como la posibilidad de eximir total o parcialmente contribuciones por mejoras y compensar deudas fiscales preexistentes.

En el plano financiero, los desarrolladores podrán optar entre un subsidio directo de hasta el 25% del costo de finalización de la obra o el acceso a líneas de crédito en Unidades de Vivienda (UVI) del Banco Ciudad, con una bonificación del 40% sobre la tasa de interés y plazos de hasta 15 años.

Además, se prevén beneficios administrativos, como la reducción de tasas y la implementación de circuitos simplificados para la tramitación de permisos.

Control y condiciones

El esquema establece que los incentivos se otorgarán de manera escalonada y estarán sujetos al cumplimiento del cronograma de obra. La autoridad de aplicación realizará inspecciones semestrales para verificar los avances, y podrá suspender los beneficios ante incumplimientos.

En caso de no completar la obra en los plazos establecidos —salvo situaciones de fuerza mayor—, los beneficiarios deberán devolver los incentivos recibidos con intereses.

El proyecto también contempla que los beneficios queden asociados al inmueble, por lo que podrán transferirse en caso de cambio de titularidad, siempre que el nuevo propietario asuma las obligaciones del plan aprobado.

Financiamiento y seguimiento

La iniciativa prevé que los incentivos sean financiados con partidas del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, que deberá definir cupos, montos máximos y criterios de priorización en función del impacto urbano y el grado de asequibilidad de cada proyecto.

Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá remitir informes semestrales a la Legislatura sobre el avance de los planes aprobados y las eventuales sanciones aplicadas.

De ser aprobada, la norma deberá ser reglamentada en un plazo de 90 días.