La legisladora Vanina Biasi presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle diversos aspectos vinculados al funcionamiento y financiamiento de la modalidad de Educación Especial, particularmente en lo referido a personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 1847-D-2026, solicita al Gobierno porteño que, en un plazo de 30 días, brinde información desagregada sobre las partidas presupuestarias asignadas a esta modalidad en los últimos tres ciclos lectivos, incluyendo los fondos destinados a escuelas de educación especial y de formación integral.

Entre los puntos centrales, el proyecto requiere conocer la planificación presupuestaria y de infraestructura para absorber la demanda de estudiantes mayores de 22 años que deseen continuar o retomar trayectorias educativas, así como el porcentaje del presupuesto destinado al mantenimiento y ampliación de talleres de oficios y espacios de formación.

También se solicita un relevamiento de instituciones de educación para adultos que cuenten con condiciones de accesibilidad y equipos de apoyo, y que se detallen las alternativas pedagógicas disponibles para quienes egresan de las escuelas especiales por razones etarias. En ese sentido, se pone el foco en la existencia de programas que garanticen el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, sin esquemas de “terminalidad expulsiva”.

El pedido incluye precisiones sobre criterios de acceso al transporte escolar adaptado, la cobertura alimentaria —incluyendo dietas especiales— para jóvenes y adultos, y estadísticas sobre estudiantes dados de baja por límite de edad desde 2021, junto con información sobre su eventual reinserción en el sistema educativo.

Asimismo, la iniciativa indaga si hubo instancias de participación con comunidades educativas, cooperadoras y familias en el diseño de políticas recientes, y si existe un protocolo de seguimiento para jóvenes con discapacidad que quedan fuera del sistema escolar.

En los fundamentos, la autora advierte sobre posibles retrocesos en las condiciones de inclusión educativa, especialmente a partir de modificaciones en el turno vespertino y recortes en servicios como talleres, transporte y comedor. En ese marco, se menciona un fallo judicial que hizo lugar a un amparo colectivo frente a esas medidas.

El proyecto también señala la falta de formalización administrativa de iniciativas como el Centro Integral para la Inclusión Social (CIPAIS), que funciona desde 2010, y subraya la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación inclusiva conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, el texto plantea la necesidad de contar con información precisa para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en la materia y asegurar condiciones de acceso, permanencia y desarrollo educativo sin discriminación.