El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con el proceso de concesión del Canal de la Ciudad y preadjudicó su gestión a la empresa Cale Group Media SA, presidida por Augusto Marini, ligada a los canales de streaming Carajo y Blender. La decisión se formaliza a través del acta publicada en el Boletín Oficial de CABA, pese a advertencias previas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sobre posibles incompatibilidades legales.

La administración encabezada por Jorge Macri había lanzado la licitación el 12 de marzo con el objetivo de concesionar el gerenciamiento técnico, operativo y comercial de los medios públicos porteños. La adjudicación contempla un plazo de cinco años, aunque desde el Ejecutivo local aclararon que la titularidad del canal continuará en manos del Estado porteño, indicó La Nación.

La oferta presentada por Cale Group Media SA asciende a un canon total de $3.000 millones, equivalente a $50 millones mensuales, y resultó ser la más elevada del proceso. La única competidora, Argentinos Media SA —propiedad de Marcelo González— propuso un canon significativamente menor, de $15 millones por mes, además de no completar todos los requisitos económicos exigidos en el pliego, según informaron desde la Dirección General de Concesiones y Permisos.

Marini mantiene vínculos con el ámbito del streaming político y mediático. Es socio del influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, en el canal Carajo, y también es propietario de la señal Blender. Mientras el primero reúne figuras alineadas con sectores oficialistas, el segundo presenta una línea editorial con perfiles vinculados a distintos espacios políticos.

La licitación también incluía la concesión de las radios AM 1110 y La 2×4, aunque en esta instancia el proceso fue declarado desierto por falta de ofertas.

Con el acta de preadjudicación se abre un período para la presentación de impugnaciones. Si no se registran objeciones o estas no prosperan, el Gobierno porteño quedará habilitado para formalizar la concesión.

El avance de la licitación se produjo a pesar de las advertencias del Enacom, organismo que preside Juan Luis Ozores. En abril, la entidad había señalado que la iniciativa podría entrar en conflicto con la Ley Nacional N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la explotación de licencias debe permanecer en manos de su titular y no puede delegarse en terceros.

En ese contexto, desde el Gobierno de la Ciudad desestimaron los planteos del organismo regulador y continuaron con el proceso. La discusión sobre el futuro de los medios públicos porteños se inscribe en un escenario político más amplio, donde sectores de La Libertad Avanza han planteado previamente la posibilidad de cerrar la señal estatal.