La diputada porteña María del Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, presentó dos proyectos de resolución en la Legislatura de la Ciudad que solicitan al Poder Ejecutivo información sobre el funcionamiento de distintos servicios y procedimientos administrativos. Uno está enfocado en las autorizaciones de actividades económicas, las inspecciones y las clausuras de comercios; el otro, en la higiene urbana, la recolección de residuos y la limpieza del espacio público.

Ambos pedidos fueron ingresados este lunes 24 de agosto y plantean que el Gobierno porteño remita la información requerida dentro de los 30 días de recibida cada resolución.

Datos sobre habilitaciones, inspecciones y clausuras

El expediente 2594-D-2026 solicita información sobre los procedimientos de autorización de actividades económicas entre el 1° de enero de 2024 y la fecha de respuesta del Ejecutivo.

El proyecto pide conocer cuántas solicitudes fueron iniciadas, aprobadas, observadas, rechazadas y permanecen pendientes, discriminadas por año y modalidad de autorización. También requiere datos sobre los tiempos promedio y medianos de tramitación y sobre la cantidad de expedientes que superaron los 30, 60, 90 y 180 días.

Otro de los puntos apunta a los establecimientos que ya fueron librados al uso pero todavía no cuentan con autorización definitiva. En ese caso, se solicita informar cuánto tiempo transcurrió desde el libramiento y cuántos casos permanecen en esa situación por más de 30, 90 y 180 días.

El pedido también alcanza al sistema de fiscalización. Ramírez solicita conocer la cantidad de inspecciones realizadas antes y después del inicio de las actividades, el tiempo transcurrido hasta la primera inspección posterior y cuántos establecimientos fueron inspeccionados dentro de los 30, 90 y 180 días.

En materia de clausuras, el proyecto busca relevar cuántas fueron dispuestas desde 2024, cuáles fueron sus causales, en qué casos existió una intimación previa y cuántas se ordenaron directamente. También solicita conocer cuántas clausuras fueron levantadas luego de la subsanación del incumplimiento y cuál fue su duración promedio.

Además, se pide al Ejecutivo que detalle los criterios, protocolos, instructivos y normas utilizados por los organismos de fiscalización para determinar cuándo corresponde intimar previamente y cuándo se dispone una clausura inmediata.

El proyecto incorpora también consultas sobre los trámites que todavía requieren presencia física o documentación en papel, los casos en los que se exige información emitida por otros organismos y los sistemas de interoperabilidad utilizados para evitar que los ciudadanos deban presentar documentación que ya está en poder de la administración.

Finalmente, el pedido aborda el régimen de silencio administrativo positivo reglamentado durante 2026. Se solicita información sobre los trámites alcanzados, la cantidad de casos en los que ya se configuró, los mecanismos utilizados para advertir sobre el vencimiento de los plazos y las evaluaciones realizadas sobre su funcionamiento.

Un segundo pedido sobre residuos y limpieza

El expediente 2595-D-2026 está centrado en el servicio de higiene urbana, la recolección de residuos y la limpieza del espacio público.

Entre otros datos, solicita información sobre los reclamos y reportes recibidos mediante el Sistema Único de Atención Ciudadana, la línea 147, BA Colaborativa y otros canales oficiales. El objetivo es conocer la cantidad de denuncias por residuos diseminados, contenedores desbordados o deteriorados, deficiencias en la recolección y pedidos de retiro de residuos voluminosos, además de los tiempos de resolución.

La iniciativa también consulta si el Gobierno porteño identifica actualmente puntos o corredores críticos en materia de higiene urbana, dónde se encuentran, qué criterios se utilizan para definirlos y cuántas intervenciones se realizaron durante 2024, 2025 y 2026.

Otro capítulo está dedicado al parque de contenedores. El proyecto pide conocer cuántas unidades hay instaladas, cuántas están fuera de servicio o requieren reparación o reposición y cuántas fueron reparadas, reemplazadas, retiradas o incorporadas durante los últimos tres años.

En particular, solicita información sobre los contenedores denominados “antivandálicos”, incluyendo la cantidad adquirida e instalada, sus ubicaciones, los criterios utilizados para su distribución, los costos de adquisición, instalación y mantenimiento y los resultados de las evaluaciones realizadas sobre su funcionamiento.

El pedido también alcanza a las herramientas tecnológicas utilizadas para controlar el servicio, entre ellas las cámaras instaladas en camiones recolectores, el monitoreo del barrido y el programa “Limpieza Plus”. Ramírez solicita conocer su alcance, cantidad de equipos operativos, inversión, incidencias detectadas, intervenciones realizadas y tiempos de respuesta.

Generadores especiales y tratamiento de residuos

El proyecto incorpora además un pedido de información sobre el régimen de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos. Se solicita conocer la cantidad de establecimientos inscriptos, los trámites iniciados y pendientes, los tiempos de resolución, las inspecciones realizadas y las actas de infracción, multas y clausuras dispuestas.

También se pide información sobre actuaciones vinculadas con posibles incumplimientos de los operadores contratados para retirar residuos y sobre los procedimientos utilizados para determinar si una infracción corresponde al generador o al operador.

La iniciativa solicita, además, datos actualizados entre enero y julio de 2026 sobre generación, tratamiento y disposición de las distintas fracciones de residuos sólidos urbanos, junto con información sobre los materiales procesados por el Centro de Reciclado de la Ciudad y los costos de tratamiento.

Entre los puntos incluidos figura también el estado del pliego de consultoría para la gestión estratégica de residuos sólidos urbanos y la existencia de mediciones, auditorías, relevamientos o estudios destinados a evaluar el estado de limpieza de la Ciudad.

En los fundamentos de ambos proyectos, Ramírez sostiene que el objetivo es contar con información verificable para evaluar el funcionamiento de la administración porteña, detectar demoras y conocer el impacto concreto de las políticas implementadas.

La legisladora plantea que los datos permitirían fortalecer el control de la Legislatura y evaluar si los procedimientos administrativos y los servicios públicos están funcionando de manera eficiente, con criterios objetivos y capacidad de respuesta.