Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone crear una “Plataforma Integral PyME” destinada a centralizar y simplificar los trámites, servicios y programas de promoción dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa corresponde al expediente 3039-D-2026, ingresado el 29 de septiembre, y fue presentada por el legislador Francisco Caporiccio, con la coautoría de Matías Lammens y Claudia Neira.

La propuesta plantea establecer un régimen de simplificación administrativa y gestión digital para reducir costos burocráticos, facilitar la apertura, funcionamiento, regularización y formalización de empresas y mejorar el acceso a programas de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e innovación.

Según el proyecto, la Plataforma Integral PyME funcionaría como un acceso unificado a distintos trámites, servicios y programas vinculados con la actividad empresarial. La herramienta debería integrarse con los sistemas y registros ya existentes, con el objetivo de evitar la creación de plataformas paralelas y la duplicación de cargas administrativas.

Entre los componentes previstos se encuentran un Legajo Único Administrativo PyME y un Legajo Único Fiscal y Tributario PyME.

El primero concentraría información y documentación relacionada con trámites, expedientes, habilitaciones, permisos, registros, inspecciones y fiscalizaciones. El segundo permitiría reunir información fiscal y tributaria, incluyendo vencimientos, situación fiscal, deudas, planes de regularización y beneficios, mediante mecanismos de interoperabilidad con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y otros organismos competentes.

El proyecto establece que el tratamiento de esa información deberá respetar las normas de protección de datos personales, secreto fiscal y seguridad de la información.

Uno de los ejes de la iniciativa es la incorporación del principio denominado “una sola vez”. De aprobarse, los organismos que formen parte de la plataforma no podrían solicitar nuevamente a una PyME documentación o información que ya se encuentre disponible en sus legajos digitales.

El proyecto contempla excepciones cuando la documentación esté desactualizada, exista una imposibilidad técnica para acceder a ella o cuando una norma establezca expresamente que debe ser presentada.

En esos casos, el organismo deberá dejar constancia del motivo de la excepción. Además, la autoridad de aplicación deberá informar trimestralmente la cantidad y las causas de estas situaciones.

La incorporación de trámites y servicios a la plataforma se realizaría en etapas. El proyecto establece un plazo de seis meses desde la reglamentación para sumar trámites de baja complejidad técnica o que no requieran nuevos desarrollos de interoperabilidad. Dentro de los 12 meses deberían incorporarse trámites relacionados con habilitaciones, permisos, registros y comercio.

Finalmente, dentro de los 24 meses, se prevé sumar trámites vinculados con la administración tributaria, fiscalización, inspecciones, empleo y capacitación, debido a la mayor integración que requieren con sistemas existentes.

La autoridad de aplicación deberá publicar el cronograma detallado dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la reglamentación.

La plataforma también tendría una función de promoción productiva. El proyecto contempla centralizar el acceso a programas de financiamiento, beneficios fiscales, líneas crediticias, subsidios, asistencia técnica, capacitación, programas de empleo, internacionalización, innovación y compras y contrataciones públicas.

Además, se propone crear un Inventario Único de Programas y Herramientas de Desarrollo PyME, que debería reunir los programas y beneficios vigentes de la administración porteña.

Ese inventario debería indicar, como mínimo, el organismo responsable, los destinatarios, los requisitos de acceso, los plazos de vigencia y la modalidad de solicitud. Su actualización debería realizarse con una frecuencia máxima de tres meses.

La plataforma también podría enviar alertas sobre la apertura, vencimiento o modificación de programas y beneficios, de acuerdo con las preferencias configuradas por cada empresa.

La iniciativa plantea implementar medidas para reducir tiempos y cargas burocráticas, especialmente en trámites de habilitaciones, permisos, registros, renovaciones, inspecciones y acceso a programas de promoción productiva.

Entre las herramientas previstas figuran formularios unificados, declaraciones juradas simplificadas, procedimientos abreviados, renovaciones automáticas o simplificadas para actividades de bajo riesgo, expedientes digitales, eliminación de requisitos redundantes y sistemas de autogestión asistida.

El proyecto aclara que estas medidas no podrán eliminar ni modificar requisitos establecidos por leyes o normas especiales. La propuesta también busca evitar que la nueva plataforma genere una estructura paralela a los sistemas que ya funcionan.

Por eso establece que deberá articularse con herramientas existentes de la Ciudad y de la Administración Pública Nacional, entre ellas Trámites a Distancia (TAD), el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y sus módulos de Legajo Único, además de programas de asistencia PyME.

También se contempla la posibilidad de establecer mecanismos de interoperabilidad con organismos nacionales y herramientas como el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), sin modificar las competencias de esos sistemas.

El proyecto establece mecanismos de seguimiento sobre el funcionamiento de la plataforma. La autoridad de aplicación debería publicar cada tres meses indicadores sobre cantidad de trámites iniciados, tiempos promedio de resolución, PyMEs asistidas, procesos de formalización, demoras administrativas, trámites simplificados y utilización de programas y beneficios.

También se debería informar la cantidad y los motivos de las excepciones al principio de “una sola vez”.

A su vez, se plantea la elaboración de un Informe Anual de Simplificación Productiva, que deberá detallar los trámites analizados, las cargas administrativas detectadas, las modificaciones implementadas, los avances en interoperabilidad y las propuestas de mejora pendientes.

El proyecto establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, o al organismo que eventualmente lo reemplace, y fija un plazo de 180 días corridos desde la promulgación para reglamentar la ley.