Rechazaron un hábeas corpus colectivo por el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz
El juez Santiago Bignone desestimó la presentación que cuestionaba el traslado de 326 internos y consideró que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto de agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención. El operativo comenzó de manera gradual, en el marco del plan para cerrar definitivamente la cárcel de Villa Devoto.
El traslado de personas detenidas en el penal de Villa Devoto (Comuna 11) al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó en octubre, tras un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación. La mudanza forma parte del plan para desocupar definitivamente la cárcel ubicada en el barrio de Villa Devoto, un compromiso asumido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con los vecinos de la zona.
En ese contexto, la Justicia rechazó un hábeas corpus colectivo presentado en representación de 326 internos. El juez Santiago Bignone entendió que no se había demostrado una vulneración colectiva y actual de derechos ni un peligro concreto de que el traslado agravara ilegítimamente las condiciones de detención. La decisión siguió, en lo sustancial, el criterio del fiscal Pablo Recchini.
La presentación había sido impulsada por la Procuración Penitenciaria, que cuestionó la falta de notificación previa a los detenidos y advirtió sobre posibles consecuencias en la continuidad de los estudios universitarios del programa UBA XXII y en el acceso a las salidas transitorias.
El fiscal Recchini sostuvo que el incumplimiento de los plazos de notificación, en el marco de un operativo masivo y por razones de seguridad, no implicaba por sí solo un empeoramiento de las condiciones de alojamiento. El magistrado reconoció que no todas las comunicaciones se realizaron con anticipación, pero consideró que no se había acreditado un perjuicio concreto ni un riesgo inminente que justificara hacer lugar al planteo.
Respecto de la educación, se señaló que los internos podían continuar sus estudios y que existían alternativas para desarrollar actividades de manera híbrida en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. En cuanto a las salidas transitorias, el expediente indicaba que solo tres de los 326 internos alcanzados por la presentación contaban con ese beneficio.
El fallo también abordó situaciones individuales. Rechazó el planteo de Ricardo Castro Madrid, vinculado a la denominada Banda del Fal, y declaró abstracto el hábeas corpus presentado por Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, quien había sido reintegrado a Devoto por orden judicial el 11 de octubre y contaba con un régimen especial de alojamiento. Su caso tiene antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una condena anulada en agosto de 2024.
Una nueva cárcel para cerrar Devoto
El Gobierno porteño presentó el inicio del traslado como un hecho histórico y lo vinculó con el compromiso de cerrar definitivamente el penal de Villa Devoto, cuya desocupación había sido postergada durante décadas.
Según informó la administración de Jorge Macri, el movimiento de los aproximadamente 1.500 presos alojados en Devoto se realizará de forma gradual y progresiva. Para organizarlo se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, encargado de planificar y coordinar el operativo.
El esquema contempla el perfil criminológico de cada detenido y la prevención de riesgos durante los recorridos hacia el nuevo establecimiento penitenciario.
El complejo de Marcos Paz fue construido por el Gobierno porteño y entregado al Ministerio de Seguridad de la Nación. De acuerdo con la información oficial, la obra estuvo paralizada durante cinco años hasta que la gestión de Jorge Macri resolvió reactivarla en diciembre de 2024.
El predio ocupa unas 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 personas. Una vez finalizado el traslado desde Devoto, el plan prevé llevar allí a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación.
De esta manera, la decisión judicial sobre el hábeas corpus se conoció mientras avanza el proceso de traslado. El rechazo de la presentación no impide que puedan realizarse nuevos planteos si se acreditan afectaciones concretas de derechos o un agravamiento de las condiciones de detención durante la implementación del operativo.







