El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) afecta este lunes el inicio de clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones del país. La medida cuenta con la adhesión de los principales gremios docentes y se desarrolla en medio de una controversia por los controles anunciados por el Gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires confirmaron su participación el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). En la Ciudad de Buenos Aires adhieren la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys.

Como consecuencia, numerosas escuelas públicas no dictan clases o funcionan con una dotación reducida de docentes, mientras que en algunos establecimientos privados la actividad depende del nivel de adhesión de su personal.

La protesta fue convocada en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial, mayor financiamiento para el sistema educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Desde CTERA sostuvieron que la medida responde a la “permanente negativa” del Gobierno nacional a convocar la negociación paritaria y denunciaron un proceso de desfinanciamiento del sistema educativo.

Controles por el servicio mínimo

En paralelo al paro, el Ministerio de Capital Humano anunció que fiscalizará el desarrollo de la jornada para verificar el cumplimiento del servicio mínimo del 75% previsto para la educación pública por la Ley de Reforma Laboral, que declaró a la actividad como servicio esencial.

Las inspecciones estarán a cargo de las agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo, que relevarán el funcionamiento de los establecimientos educativos y elaborarán un informe nacional. El Gobierno informó que, en caso de comprobar incumplimientos, podrá iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, aunque aclaró que las sanciones no serán automáticas y deberán respetar el debido proceso.

Los gremios rechazan la medida

La aplicación de ese esquema es cuestionada por los sindicatos docentes. CTERA obtuvo una medida cautelar que suspendió de manera transitoria la declaración de la educación como servicio esencial, aunque el Gobierno sostiene que, tras apelar la resolución judicial, mantiene vigente el criterio mientras continúa el trámite judicial.

En la provincia de Buenos Aires, además, la administración de Axel Kicillof anticipó que no realizará tareas de fiscalización en las escuelas, al considerar que ese tipo de controles resulta impracticable y no forma parte de las competencias del gobierno provincial.

La medida de fuerza coincide con el regreso a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, por lo que se espera que el nivel de afectación varíe según el grado de adhesión registrado en cada establecimiento educativo.