Clases públicas frente a Tribunales por la Ley de financiamiento universitario
Docentes, estudiantes y autoridades se concentrarán durante la jornada para reclamar la implementación de la norma aprobada por el Congreso, mientras el Gobierno sostiene su negativa por razones fiscales y el conflicto avanza en la Justicia.
plaza de mayo
Foto: AGD UBA
Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales (Comuna 1) para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario N! 27.795, votada por el Congreso de la Nación. El Poder Judicial había sido uno de los destinatarios del documento presentado en la cuarta marcha federal universitaria.
La actividad, convocada bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, se desarrollará entre las 11 y las 17 y se enmarca en una serie de protestas del sector, tras la masiva movilización realizada dos semanas atrás.
Durante la jornada, profesores universitarios dictarán clases abiertas con el objetivo de visibilizar lo que consideran un “ajuste” del Gobierno nacional que afecta salarios, becas, la investigación y el funcionamiento general de las universidades públicas. En ese sentido, los organizadores insistieron en la necesidad de una “respuesta urgente”.
A partir de las 15, participarán de las actividades la abogada laboralista y docente de la UBA Natalia Salvo; los diputados nacionales del Partido Justicialista Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.
Hasta el momento, el gobierno del presidente Javier Milei sostiene su decisión de no implementar la norma con el argumento de preservar el equilibrio fiscal, al señalar que la ley no especifica la fuente de financiamiento para cubrir gastos operativos y salarios del sistema universitario.
La legislación fue aprobada en dos oportunidades, en 2024 y 2025, tras cuatro votaciones en el Congreso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo dispuso su suspensión mediante un decreto y apeló fallos judiciales adversos para evitar su aplicación.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional mantiene su reclamo en el ámbito judicial y presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de emitir un dictamen definitivo sobre el caso.
