Condenaron a De Vido y Cameron por negociaciones incompatibles en la causa Odebrecht
El Tribunal Oral Federal N°2 dictó penas de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa Odebrecht entre 2006 y 2008.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Energía Daniel Cameron a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la adjudicación de obras vinculadas a la ampliación de gasoductos. La sentencia incluyó además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En la misma resolución, los jueces impusieron una pena de dos años y seis meses de prisión condicional al exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar, considerado partícipe necesario de la maniobra. En cambio, fueron absueltos el exdirectivo de CAMMESA Luis Beuret y el exsubgerente de la empresa Julio Bragulat.
La investigación se centró en el proceso de adjudicación de trabajos de ampliación de los sistemas operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), realizados entre 2006 y 2008. Según se determinó en el juicio, los exfuncionarios intervinieron de manera indebida para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la contratación de esas obras.
El caso llegó a debate oral tras una instrucción iniciada a partir de irregularidades detectadas en investigaciones previas sobre el pago de sobornos en proyectos de infraestructura energética. Durante el proceso se analizaron decisiones administrativas, resoluciones y encuentros mantenidos con representantes de la empresa beneficiada.
La Fiscalía General N°1 ante los tribunales orales, a cargo de Diego Luciani, había solicitado penas más altas al considerar que se trató de un esquema de corrupción de gran escala, orientado a direccionar la contratación pública. En su acusación, sostuvo que los implicados alteraron los mecanismos legales para favorecer intereses particulares en detrimento de los principios de transparencia, competencia e igualdad que deben regir las licitaciones estatales.
De acuerdo con la acusación, el mecanismo incluyó la utilización de estructuras administrativas y financieras que permitieron canalizar fondos públicos hacia la empresa adjudicataria, en el marco de un proyecto de gran envergadura financiado con recursos del Estado.
El tribunal informó que los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 4 de septiembre.
