El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo que le impide continuar con los desalojos administrativos de inmuebles porteños.

“Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”, sostuvo en la red X el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La resolución judicial, emitida por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, prohíbe al Ejecutivo porteño avanzar con desalojos, clausuras materiales y tapiados de inmuebles cuando se detecten situaciones de riesgo edilicio. El fallo establece que dichas acciones no pueden llevarse a cabo sin garantizar previamente un piso mínimo de condiciones técnicas, sociales y habitacionales para las personas involucradas.

Desde la administración local señalaron que, desde el inicio de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, se recuperaron más de 840 propiedades. En ese marco, el mandatario expresó su rechazo a la medida judicial y ratificó la continuidad de la política oficial en materia de recuperación de inmuebles.

El fallo se dictó en el marco de la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales” (Expediente 106128/2026-0), iniciada a partir del tapiado de una vivienda ubicada en la avenida Montes de Oca al 1700. Posteriormente, la acción fue ampliada con carácter colectivo por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y por los legisladores Victoria Freire y Alejandro Salvatierra.

Desde el espacio impulsor del amparo, la legisladora Victoria Freire defendió la medida judicial y sostuvo que “la Justicia le puso un freno” a lo que consideró una política de desalojos sin las garantías necesarias. Según expresó, una proporción significativa de las personas afectadas son niños y niñas, y remarcó que el objetivo de la cautelar es evitar que familias queden en situación de calle.

En esa línea, señaló que, a partir de la resolución, el Gobierno de la Ciudad deberá dar intervención a la Justicia en cada procedimiento y garantizar soluciones habitacionales transitorias “efectivas e inmediatas”. También cuestionó la política habitacional del Ejecutivo porteño y afirmó que durante los primeros meses del año una parte importante de los desalojos se realizó sin intervención judicial.

Según se detalla en la resolución, las intervenciones estatales deben contemplar la participación de organismos especializados. En los operativos de la Ciudad intervienen la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio —encargada de certificar riesgos estructurales—, así como áreas sociales como la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El conflicto se inscribe en una serie de tensiones previas entre el Gobierno porteño y sectores políticos vinculados a la defensa de los ocupantes. Uno de los antecedentes recientes ocurrió en el barrio de Villa Mitre, donde se realizó un operativo en cinco propiedades que se encontraban tomadas desde el año 2000. El procedimiento derivó en la detención de cuatro personas y la restitución de los inmuebles a su propietario.

Desde el Ejecutivo local insistieron en que la apelación buscará revertir la medida cautelar y sostener la política de recuperación de propiedades, en un contexto de debate judicial y político sobre el alcance de las intervenciones estatales en situaciones de ocupación irregular.