El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la desocupación administrativa inmediata de un inmueble ubicado dentro del espacio público Parque Ferroviario Colegiales, en el barrio de Colegiales. La medida quedó establecida mediante el Decreto 366/26, firmado el 16 de octubre y publicado en el Boletín Oficial porteño del lunes 19 de octubre de 2026.

La propiedad está situada en Virrey Olaguer y Feliú sin número y Moldes 1102. De acuerdo con los fundamentos de la norma, el inmueble pertenece al dominio público de la Ciudad y se encuentra ocupado por un grupo familiar de manera irregular, debido a que el permiso de uso precario oneroso que había sido otorgado venció el 31 de octubre de 2025.

El decreto señala que los ocupantes fueron intimados a restituir el inmueble el 16 de septiembre de este año. Posteriormente, el 6 de octubre recibieron una segunda intimación, también bajo apercibimiento de avanzar con el recupero del bien. Según el texto oficial, la ocupación continuó pese a ambas notificaciones.

La medida dispone la desocupación de las personas que se encuentren en el lugar, así como de animales, instalaciones y bienes. Para llevar adelante el procedimiento, el Gobierno instruyó a la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a coordinar las tareas con las áreas correspondientes. El organismo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Además, durante el operativo deberá labrarse un acta notarial que deje constancia de la restitución del inmueble y del inventario de los bienes muebles encontrados, su estado de conservación y el lugar al que eventualmente sean trasladados.

El decreto establece la participación de organismos de distintas áreas para concretar la medida, entre ellos la Red de Atención e Inclusión Social, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SAME, las áreas de Emergencias y Logística, Gestión Animal y la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).

También se prevé la intervención de dependencias vinculadas con el ordenamiento urbano y la gestión comunal, cada una dentro de sus competencias.

En los considerandos, el Gobierno porteño fundamentó la decisión en el carácter público del inmueble y en el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos previsto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. Según esa interpretación, la Administración puede recurrir a la fuerza sin intervención judicial previa cuando sea necesario proteger el dominio público.