El presidente Javier Milei regresó de su breve viaje a Noruega y, apenas aterrizó en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires (Comuna 14), firmó el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo buscará tratar en las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre.

Tras participar en Oslo de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Milei destacó la iniciativa como un impulso al crecimiento y al empleo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la describió como “la transformación laboral más importante de la historia argentina”.

Desde la Casa Rosada aseguran que el proyecto no altera de manera significativa el rol de los sindicatos y que no incluirá límites al cobro de la cuota solidaria.

El proyecto reformula las indemnizaciones por despido sin causa, que pasarán a equivaler a un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual habitual del último año. Quedan excluidos del cálculo pagos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios.

La iniciativa también busca agilizar los juicios laborales, en línea con las críticas oficiales a la “industria del juicio”.

En cuanto al derecho de huelga, suma nuevas restricciones y define dos categorías de actividades: esenciales (75% de servicio mínimo) y trascendentales (50%).

El proyecto habilita que los salarios puedan pagarse en pesos, dólares u otra moneda extranjera, según acuerdo entre las partes, e incorpora requisitos más estrictos para certificar enfermedades.

Además, permite pactar un régimen de compensación de horas extras, incluyendo el “banco de horas”, y crea un marco regulatorio específico para repartidores de aplicaciones. En cuanto a liciencias por enfermedad, los certificados médicos deberán reunir una serie de requisitos para considerarlos válidos.

Mientras avanza el debate, la CGT convocó a su mesa chica para analizar en detalle el proyecto y evaluar un plan de acción, en medio de un creciente malestar por sentirse excluida de las instancias de negociación.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había realizado un paro este 9 de diciembre contra la reforma laboral. Su Secretario General, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”.

En un comunicado, la CTA – Autónoma expuso: “Imponen regresiones bajo el rótulo de Reformas. En lo laboral, previsional y fiscal. Van por la Jornada, por los Salarios, las Vacaciones, las Indemnizaciones. El costo de todo ello recaerá en los de abajo. ¿Los poderosos? Intocables. De semejante menú es impensable esperar resultados virtuosos”.

En noviembre las dos CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores, se habían reunido con diputados nacionales de Unión por la Patria. Comunicado sobre el encuentro: “Las centrales expresaron su preocupación ante los recortes de las asignaciones presupuestarias en educación, salud, obra pública, recursos a las provincias y mantenimiento de las funciones del estado. También manifestaron su alarma ante la cantidad de empresas que vienen cerrando en los últimos meses dejando un tendal de despidos. Con respecto a la reforma laboral, los representantes sindicales rechazaron cualquier modificación que vuelva a incursionar sobre temas que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucional en virtud del Decreto 70/23”.

“Asimismo denunciaron la manifiesta voluntad del gobierno nacional de fragmentar y atomizar al movimiento obrero con el pretexto de la modernización. Esta embestida contra las organizaciones sindicales no es ajena al intento del oficialismo de dividir la representación parlamentaria de quienes fueron elegidos para ser oposición. En esta línea, se reafirmó la necesidad de unir una estrategia de unidad y articulación tanto en la agenda parlamentaria, como fuera del Congreso, para confluir en un esfuerzo común. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, remarcaron. En el mismo sentido, las Centrales sindicales seguirán fortaleciendo iniciativas de resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo, como así también avanzarán junto a los distintos actores del campo popular en los debates hacia una reforma con un conjunto de cambios laborales que contemplen las nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras y no sólo los de los grandes grupos empresarios”, se agregó.