El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) de la Ciudad de Buenos Aires denunció “un negociado multimillonario y muy turbio, desde hace mucho el tema concesión privada de la basura”.

Así, esta semana la legisladora por el FIT-U y docente Vanesa Gagliardi presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña por este tema. Tiene apoyo del a primera candidata a legisladora Celeste Fierro.

Fierro denunció: “La privatización del servicio de recolección de basura implica todos los años una montaña de plata de todos los porteños que se destina a un negocio descontrolado de concesionarias amigas del macrismo. Casi 200 mil millones de pesos con la última ampliación presupuestaria en 2023. Una fortuna. Y ahora la auditoría porteña detectó irregularidades muy graves: concesiones sin concurso, prórrogas discrecionales y desvío de fondo. Queremos que Clara Muzzio corte un poco la campaña electoral y dé explicaciones en la Legislatura”.

La diputada Gagliardi, por su parte, completó: “Es un negociado multimillonario y muy turbio, desde hace mucho el tema concesión privada de la basura. Nosotros tenemos un planteo muy concreto: estatizar el servicio, reorientar esos 200 mil millones de pesos a un servicio de calidad, ecológico y de transición, y con pleno control social. Presentamos un pedido de informes y solicitamos que la candidata Muzzio asista a la Legislatura y, además, lo nuestra es protesta, denuncia y propuesta: un proyecto de estatización del servicio de forma inmediata”.

En tanto, la defensa del pedido de informes de Gagliardi sostiene: “Cada día que pasa salen a la luz irregularidades respecto a las concesiones del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, licitaciones y contratos llevados adelante por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Al ser el contrato con privados que genera la mayor erogación presupuestaria de la Ciudad, representando en el 2023 el 7.03% del Presupuesto total, tener claridad de su ejecución y su consecuente prestación de servicios se transforma en un punto fundamental de cara a la ciudadanía. Desde hace años distintos informes de la Auditoría General de la Ciudad demuestran irregularidades, tanto para la obtención de los datos para realizar su trabajo, como en los informes finales de la prestación del servicio en los años auditados. A pesar de todo esto es evidente que el Gobierno de la Ciudad no ha reforzado el control del cumplimiento de los contratos con los privados, quienes prestan servicio en 6 de las 7 zonas en las que la Ciudad divide las tareas de recolección de residuos”.

“Lo que sí queda claro es que el costo de este servicio es exorbitante e injustificado. Así lo confirma nuestro cuadro comparativo, en base a los propios datos oficiales del Presupuesto 2023. A similar calidad del servicio, regular en ambos casos, este año el costo en las zonas a cargo de concesionarias privadas es un 553% más caro que el costo en la Zona V, en la Comuna 8, a cargo del Ente de Higiene Urbana. Cabe destacar que dicho Ente fue creado por la Ley 462 en agosto de 2000. Años después, en 2012, incluso la propia Ley 4.120, de carácter privatista, en su art. 11° reconoce la tarea del Ente con carácter de testigo a efectos de su comparación con el servicio privado”.

“Mientras el último informe de ejecución presupuestaria publicado oficialmente muestra que el presupuesto para el Ministerio de Salud fue solo ejecutado en un 80,777%, el correspondiente al Servicio de Higiene Urbana, dependiente de la Dirección Gral de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, quién paga el servicio de recolección de residuos, ha sido ejecutado en un 99,489%. Tamaña subejecución en áreas tan esenciales como la Salud, demuestran las prioridades de esta gestión. Vale decir que estos contratos privados suelen contar con ampliaciones presupuestarias que tienen en cuenta la inflación creciente, cosa que no sucede con la actualización del salario de los trabajadores de la Ciudad. Estos datos, sumados a los que reflejan el último informe de la Auditoría Gral de la Ciudad, que demuestran que el Ejecutivo compró y proveyó equipamiento a las zonas que son responsabilidad de las empresas concesionarias o que se hizo cargo del pago de antigüedad y vacaciones correspondientes al salario de los operarios de las empresas privadas, no hacen más que demostrar desmanejos y mal uso de los recursos económicos del Estado, mientra se favorece a los privados”, concluyó.