La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma al régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con 30 votos a favor y 25 en contra. La iniciativa, impulsada por la diputada María del Pilar Ramírez, modifica la Ley N° 2.265 y apunta a desregular el sistema vigente, ampliar la oferta de prestadores y cambiar los plazos de control para los vehículos.

El proyecto sancionado introduce cambios estructurales en el funcionamiento del servicio. Entre los principales puntos, establece que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera verificación recién a los cinco años desde su patentamiento, mientras que aquellos de hasta diez años de antigüedad deberán cumplirla cada dos años. A partir de ese plazo, la revisión pasará a ser anual.

Además, la nueva normativa habilita a que talleres, concesionarios e importadores puedan realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos. De esta manera, se abandona el modelo actual, basado en un número limitado de plantas verificadoras, y se avanza hacia un sistema abierto que busca fomentar la competencia y ampliar las opciones disponibles para los usuarios.

Otro de los cambios centrales es la liberalización del precio del servicio. A partir de la reforma, cada establecimiento podrá fijar su propia tarifa, sin un valor mínimo o máximo determinado por el Gobierno porteño. También se incorporan mecanismos de fiscalización, como auditorías técnicas y controles sobre los talleres habilitados.

En materia de seguridad, la ley mantiene la obligatoriedad de cumplir con las condiciones técnicas exigidas a nivel nacional y refuerza la responsabilidad de los talleres y sus directores técnicos ante eventuales fallas que puedan derivar en accidentes. Asimismo, se prevé la implementación de registros digitales de las verificaciones y la interoperabilidad con bases de datos nacionales.

La norma incluye disposiciones transitorias para que la apertura del sistema se aplique de manera progresiva, en función del vencimiento de los contratos vigentes con las actuales concesionarias del servicio.

Por su parte, el despacho de minoría —que no fue aprobado— proponía también ampliar la oferta de prestadores, pero con un enfoque más regulado. Entre sus principales diferencias, planteaba mantener una tarifa máxima fijada por el Estado, establecer controles más estrictos sobre la independencia de los verificadores para evitar conflictos de interés y sumar criterios como el kilometraje del vehículo para determinar la frecuencia de las revisiones. También incluía herramientas de transparencia, como la publicación de datos abiertos sobre el funcionamiento del sistema y un esquema más robusto de fiscalización.