La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la declaración de emergencia hídrica y climática ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno, busca reforzar la prevención y la capacidad de respuesta frente a precipitaciones extraordinarias, inundaciones y otros eventos meteorológicos severos. Se validó con 53 votos positivos.

La ley establece un período inicial de emergencia de seis meses, con posibilidad de prórrogas sucesivas por lapsos iguales mientras continúen las condiciones que justificaron su declaración. Para extenderla, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe sobre la evolución de la situación climática, las medidas implementadas y los resultados alcanzados, que será evaluado por una comisión especial de la Legislatura.

Los fundamentos de la iniciativa advierten sobre los riesgos asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que puede modificar los patrones de precipitaciones y aumentar la probabilidad de eventos meteorológicos extremos. Por su ubicación en la cuenca del Río de la Plata y su elevada urbanización, la Ciudad está expuesta a lluvias intensas, anegamientos, sudestadas y dificultades en el escurrimiento del agua.

Según los antecedentes incluidos en el proyecto, el Gobierno porteño ya implementa un plan preventivo en las 15 comunas, con 191 puntos de acción para mejorar los tiempos de respuesta en zonas críticas. También contempla obras pluviales e hidráulicas y el monitoreo de pasos bajo nivel, estaciones de bombeo y desagües.

La norma faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a realizar readecuaciones presupuestarias para financiar obras, tareas de mantenimiento y acciones de prevención y respuesta. También habilita la transferencia a Rentas Generales de determinados recursos con asignación específica y la incorporación de mayores ingresos al presupuesto vigente.

Además, los organismos comprendidos podrán reorganizar temporalmente sus recursos humanos para atender las necesidades de la emergencia. Las medidas podrán incluir modificaciones de horarios y lugares de trabajo, así como reasignaciones de agentes, sin alterar su situación de revista. Al finalizar la vigencia de la ley, deberán retomarse las condiciones habituales de prestación de servicios.

La ley crea un marco para implementar un régimen especial de subsidios destinado a personas y empresas que sufran daños directos en inmuebles o automotores como consecuencia de los eventos meteorológicos alcanzados por la emergencia.

Los aportes serán no reintegrables y se otorgarán por única vez. Los montos, requisitos y modalidades de acceso serán determinados por la autoridad de aplicación, que deberá considerar la magnitud de los daños acreditados y la situación de vulnerabilidad económica de los solicitantes.

Por otra parte, el Banco Ciudad podrá ofrecer una línea de crédito específica a tasa preferencial para financiar la reparación de inmuebles y la reparación o reposición de vehículos dañados. La herramienta estará destinada a personas, consorcios de propiedad horizontal y establecimientos comerciales afectados.

La norma también permite que Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), una vez cubiertas las obligaciones necesarias para su funcionamiento, destine ingresos netos de la concesión a obras de infraestructura vinculadas con la emergencia o los transfiera a Rentas Generales para contribuir a mitigar sus efectos.

La ley establece la creación de una Comisión Especial en la Legislatura, integrada por las autoridades de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y ocho legisladores designados según la representación de los bloques políticos.

El organismo tendrá a su cargo el seguimiento y la fiscalización de las medidas adoptadas, podrá solicitar información y formular observaciones y recomendaciones. También analizará las propuestas vinculadas con los subsidios y la priorización de obras, y deberá dictaminar sobre las eventuales prórrogas de la emergencia.

Con esta declaración, el Gobierno porteño contará con herramientas presupuestarias, operativas y de asistencia para afrontar posibles contingencias climáticas durante el período establecido por la ley.