Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone que los vehículos conducidos por personas con pérdida parcial o total de la audición lleven una identificación visual preventiva con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar la interacción con el resto de los usuarios de la vía pública.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 2325-D-2026, fue impulsada por la legisladora Andrea Freguia y cuenta con la coautoría de Juan Ignacio Fernández y Leonardo Saifert.

El proyecto incorpora un nuevo artículo al Código de Tránsito y Transporte porteño para establecer que la obligación alcance a quienes posean una licencia de conducir expedida por la Ciudad y cuya condición auditiva figure como restricción o adaptación en el examen psicofísico.

La propuesta establece que los vehículos deberán exhibir una identificación con cuadros alternados amarillos y rojos. En la parte trasera se colocaría una señal de 30 por 8 centímetros, mientras que en ambos laterales delanteros deberían instalarse identificaciones de 16 por 6 centímetros.

El texto también fija que los elementos deberán ser resistentes, preferentemente reflectivos, y no podrán obstruir la visión del conductor, las luces reglamentarias, las chapas patente, los espejos ni otros dispositivos de seguridad.

En los casos en que un mismo vehículo sea utilizado por personas alcanzadas y no alcanzadas por la norma, la identificación podrá ser removible, siempre que permanezca colocada cuando el automóvil sea conducido por una persona con discapacidad auditiva.

La iniciativa también modifica el Régimen de Faltas de la Ciudad para crear una infracción específica destinada a quienes circulen sin la identificación obligatoria o lo hagan con una señal deteriorada, ilegible, oculta o instalada en forma incorrecta. La sanción prevista remite a las multas ya establecidas para infracciones relacionadas con las condiciones de seguridad de los vehículos.

Además, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los 90 días posteriores a su eventual promulgación. La obligación comenzaría a regir 180 días después de su publicación, período durante el cual la autoridad de aplicación deberá desarrollar campañas informativas y poner a disposición el modelo oficial de identificación, sin generar nuevos trámites ni costos adicionales para los conductores.

En los fundamentos, los autores sostienen que la medida busca compatibilizar la autonomía de las personas con discapacidad auditiva con la seguridad vial. Argumentan que la señal permitiría advertir al resto de los conductores sobre una condición que puede dificultar la percepción de advertencias sonoras, como bocinas o sirenas, favoreciendo maniobras más previsibles y reduciendo riesgos en la circulación.

El proyecto deberá ahora ser analizado por las comisiones de la Legislatura porteña antes de su eventual tratamiento en el recinto.