Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone modificar la Ley 342, que regula el tratamiento de los vehículos abandonados en la vía pública, para ampliar las alternativas de destino una vez cumplidos los plazos legales. La iniciativa incorpora la posibilidad de afectar esas unidades al uso público, además de mantener los procesos de descontaminación, desguace y compactación previstos en la normativa vigente.

El expediente 2332-D-2026 fue presentado por el legislador Francisco Loupias y cuenta con el acompañamiento de Aldana Belén Crucitta, Emmanuel Ferrario, Rocío Figueroa, Patricia Inés Glize, Silvia Lospennato, Sebastián Nagata, María Graciela Ocaña, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela.

La propuesta modifica el artículo 6 de la Ley 342 para actualizar la referencia normativa al Código Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, cuando existan dudas sobre si un vehículo fue abandonado o simplemente perdido por su propietario, deberá aplicarse el procedimiento previsto en esa legislación.

Además, incorpora un nuevo artículo 6 bis que faculta a la autoridad de aplicación a definir el destino de los vehículos una vez vencidos los plazos establecidos por la ley. Entre las opciones previstas figuran la descontaminación, el desguace, la compactación o su afectación al uso público, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.

El proyecto también reemplaza el artículo 7 para precisar las definiciones de los distintos procesos. La descontaminación comprende la extracción de baterías, fluidos y otros elementos contaminantes para su tratamiento o reciclaje; el desguace consiste en recuperar piezas y componentes reutilizables; mientras que la compactación implica la destrucción del vehículo para convertirlo en chatarra.

La iniciativa agrega que, cuando se disponga la descontaminación, el desguace y la compactación, tendrán prioridad los establecimientos educativos que hayan solicitado vehículos o autopartes con fines de investigación, prácticas o docencia, siempre que previamente se realicen las tareas de descontaminación cuando correspondan.

En los fundamentos, los autores señalan que el objetivo es actualizar el régimen vigente y mejorar la gestión de los automotores abandonados, considerados por la ley como un riesgo para la salud pública, la seguridad y el ambiente. También recuerdan que la Ciudad cuenta desde 2012 con un programa específico de descontaminación, compactación y disposición final de automotores.

Según el proyecto, las modificaciones permitirán reducir la contaminación visual y ambiental, disminuir la ocupación indebida del espacio público y favorecer procesos de economía circular mediante la reutilización de vehículos y autopartes cuando resulte posible.

Los fundamentos sostienen además que la incorporación de vehículos recuperados a organismos estatales contribuiría a renovar la flota destinada a distintas funciones públicas, entre ellas las vinculadas con el Sistema Integral de Seguridad Pública.

La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el recinto de la Legislatura porteña.