Una medida precautelar dictada por el Juzgado N° 22 ordenó suspender de forma inmediata las obras en el Polideportivo Santojanni, en el barrio de Liniers (Comuna 9), y frenar el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la empresa Trixma SRL. La resolución judicial responde a un amparo presentado por vecinos con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, en medio de cuestionamientos por el posible impacto ambiental y la presunta privatización de sectores del predio.

Según informaron desde el colectivo vecinal “No a la privatización del poli”, el fallo dispone la paralización de todas las intervenciones en curso —incluida la construcción de canchas de pádel— hasta que el Ejecutivo porteño presente informes detallados sobre la legalidad del convenio y las condiciones urbanísticas del terreno.

En ese sentido, la jueza interviniente requirió al GCBA que aclare si el predio está catalogado como Área de Urbanización Parque (UP) o si posee algún tipo de protección histórica, además de informar sobre el impacto de las obras en el arbolado y la posible pérdida de superficie absorbente. El Gobierno cuenta con un plazo de cinco días para responder a estos requerimientos.

Desde la Junta Comunal 9, la comunera Lorena Crespo celebró la decisión judicial y sostuvo: “La Justicia le dio la razón a los vecinos”. En esa línea, destacó que la medida implica la suspensión de las obras “hasta tanto el GCBA informe adecuadamente sobre los eventuales daños”, y remarcó el rol de la organización barrial en el avance del reclamo.

Por su parte, desde el grupo de vecinos señalaron que la resolución representa “un llamado a rendir cuentas” por parte de la administración porteña y afirmaron que la cautelar reconoce la posible existencia de irregularidades en el convenio, así como un “riesgo ambiental real” en el predio.

El conflicto se remonta a fines de 2025, cuando comenzaron las obras para instalar cuatro canchas de pádel dentro del polideportivo sin información pública previa ni cartelería visible. La iniciativa generó preocupación entre residentes y autoridades comunales, quienes denunciaron una eventual privatización de un espacio destinado históricamente al uso comunitario.

En ese momento, desde la Secretaría de Deportes de la Ciudad señalaron que se trataba de un “permiso de uso” y no de una concesión, aunque los vecinos cuestionaron la falta de transparencia y reclamaron precisiones sobre el alcance del proyecto.

La medida judicial se mantendrá vigente hasta que el Gobierno porteño cumpla con los informes solicitados y se resuelva la cautelar de fondo. Mientras tanto, los vecinos anticiparon que continuarán con las acciones para “defender el carácter público del polideportivo”.