Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone crear un Programa Integral de Educación Financiera destinado a estudiantes de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que durante la escolaridad obligatoria adquieran herramientas para administrar sus recursos y desenvolverse con mayor autonomía en la vida económica.

La iniciativa corresponde al expediente 2463-D-2026, presentado este miércoles 12 de agosto por la legisladora Solana Pelayo, junto con Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.

El programa alcanzaría a los establecimientos educativos de gestión estatal y privada en todos los niveles del segundo ciclo de la escolaridad primaria y la totalidad de la secundaria. También contempla a las carreras de formación docente dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Qué contenidos se enseñarían

El proyecto establece una serie de Lineamientos Curriculares Mínimos que deberían incorporarse a la currícula vigente. Entre ellos se encuentran el conocimiento del dinero, las decisiones económicas cotidianas y el costo del dinero en el tiempo; el trabajo, el esfuerzo y la generación de ingresos; la planificación, el ahorro y la previsión.

También se propone abordar herramientas para la protección frente a la inflación y la devaluación, el acceso al sistema financiero, el crédito, el endeudamiento responsable y las alternativas de refinanciación.

A estos contenidos se suman las finanzas digitales y la prevención de fraudes, los derechos del consumidor y la protección del usuario financiero, los tributos relacionados con la actividad laboral y económica y el funcionamiento del ecosistema de medios de pago y sus costos.

La propuesta establece que los contenidos deberán adaptarse a la edad y al nivel educativo. La intención es comenzar desde experiencias concretas y cercanas a los estudiantes para avanzar progresivamente hacia conceptos económicos más complejos.

Educación financiera de manera transversal

El proyecto plantea que los contenidos se incorporen preferentemente en espacios curriculares ya existentes, cuando resulte pedagógicamente pertinente, aunque cada establecimiento podrá definir la modalidad que considere adecuada.

La autoridad de aplicación deberá establecer los llamados “Pisos de Logro”, es decir, los aprendizajes esperados para cada nivel educativo. Al mismo tiempo, elaborará contenidos indicativos y materiales de orientación para las escuelas que opten por una implementación transversal.

La iniciativa establece además un principio de neutralidad, por el cual la educación financiera deberá impartirse con rigor técnico y pluralidad de perspectivas, sin finalidad de adoctrinamiento político, ideológico o partidario ni promoción de entidades, marcas o productos.

También se incluyen como principios la igualdad de oportunidades, la gestión basada en evidencia, la austeridad en el uso de recursos públicos y la subsidiariedad.

Un módulo específico para el último año de secundaria

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una formación específica durante el último año de la secundaria, orientada a preparar a los estudiantes para su incorporación a la vida económica adulta.

Además de los contenidos generales del programa, los estudiantes deberán abordar herramientas vinculadas con la búsqueda del primer empleo, la interpretación del recibo de sueldo, los regímenes de contratación y los tributos aplicables al trabajo y su registración.

Cada escuela podrá determinar la organización, denominación y modalidad pedagógica para desarrollar estos contenidos.

La propuesta también contempla que, de manera voluntaria y sin gasto adicional, puedan organizarse encuentros con emprendedores, mentorías y visitas a comercios y pequeñas y medianas empresas para vincular a los estudiantes con el entramado productivo de la Ciudad.

Capacitación obligatoria para docentes

El Programa Integral de Educación Financiera también contempla cambios en la formación docente. La autoridad de aplicación deberá incorporar contenidos de educación financiera y su didáctica en los institutos de formación docente y profesorados correspondientes a los niveles alcanzados.

Además, se establece una oferta permanente de formación continua y se dispone que los docentes realicen como mínimo una capacitación por año sobre la temática.

Cada establecimiento educativo deberá designar, además, un referente de Educación Financiera, que tendrá entre sus funciones promover la integración del programa, brindar apoyo a sus colegas y actuar como nexo con la autoridad de aplicación.

El proyecto propone también crear un banco público, digital y abierto de recursos pedagógicos, con materiales destinados a estudiantes, docentes y familias.

Evaluación y publicación de resultados

La iniciativa incorpora mecanismos de evaluación para medir el impacto del programa. Antes de su implementación se realizaría una evaluación diagnóstica muestral para establecer una línea de base sobre los conocimientos financieros de los estudiantes.

Posteriormente se realizarían mediciones periódicas utilizando dispositivos de evaluación existentes o instrumentos específicos.

El Ministerio de Educación porteño —o el organismo que en el futuro lo reemplace— sería la autoridad de aplicación y debería presentar anualmente ante la Legislatura un informe de gestión.

Ese documento deberá incluir, entre otros aspectos, la cobertura alcanzada por nivel educativo, modalidad, distrito escolar, comuna y tipo de gestión; la cantidad de docentes capacitados; los resultados de las evaluaciones; los convenios celebrados; el grado de avance del programa y las acciones de mejora previstas.

Una mesa interinstitucional

El proyecto también crea una Mesa Interinstitucional de Educación Financiera, de carácter consultivo y no vinculante, que deberá reunirse al menos una vez al año.

Estará integrada por representantes de la autoridad de aplicación, especialistas en evaluación educativa y medición muestral, especialistas en educación financiera y docentes referentes. La representación de estos últimos deberá ser rotativa y equitativa entre las 15 comunas porteñas.

Entre sus funciones estarán revisar los pisos de logro y los contenidos indicativos, evaluar las metodologías de medición, documentar experiencias de enseñanza y elaborar recomendaciones para la autoridad de aplicación.

En materia presupuestaria, la propuesta establece que el programa deberá implementarse con las partidas vigentes asignadas a la autoridad de aplicación, sin establecer una partida específica adicional.

Si la iniciativa avanza y se convierte en ley, el Poder Ejecutivo porteño tendrá 120 días corridos desde su promulgación, o hasta antes del inicio del ciclo lectivo inmediato siguiente —lo que ocurra primero— para reglamentarla.