El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27.796), aunque suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación “delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional”.

Mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la entrada en vigencia de ambas normas, ratificadas por las cámaras de Diputados y Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, al argumentar “el impacto fiscal que genera” su implementación.

En ese contexto, los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro a las 7 horas de este martes por la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Pediátrica sancionada en el Congreso tras el rechazo del veto del presidente Javier Milei.

“Nos enteramos de la promulgación y el decreto que plantea incumplir la ley mientras se iniciaba el paro en el hospital. No nos sorprende; sabíamos que el gobierno iba a replicar en el Garrahan y en la Universidad lo mismo que implementó en discapacidad. Esta dilación no es gratuita, porque mientras pasan las semanas llegan nuevas renuncias y los problemas en la atención se multiplican”, apuntó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan. Al mismo tiempo, Lipcovich aseguró que “no vamos a quedarnos de brazos cruzados: hoy a las 16 hs hacemos una concentración en la Plaza de Mayo, a partir de una articulación con docentes y estudiantes universitarios, y distintas organizaciones que luchan por la implementación de la emergencia en discapacidad. En la unidad de todas estas luchas no sólo tendremos más fuerza para lograr la aplicación de la Ley, sino también para terminar con la política motosierra de Milei”.

El delegado adjunto, Gerardo Oroz, planteó que “tenemos un gobierno que dice que no hay presupuesto para atender la salud de los niños y niñas de nuestro país, al mismo tiempo que quita retenciones a los agroexportadores amigos y beneficia a la timba financiera. Por eso, no vamos a dejar de luchar hasta conseguir la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, impulsando asambleas y paros. Tenemos el apoyo de la comunidad y los trabajadores. Las centrales sindicales deberían dar una respuesta que esté a la altura del ataque y convocar una gran huelga general para detener la motosierra del gobierno”

En ambos Decretos Nación aclara que la promulgación se realiza “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”. Y agrega: “En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

Dispone que los gastos se actualicen de forma automática según la “variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” informado por el INDEC, y que la Auditoría General de la Nación realice un control externo de las universidades, cuyos informes serán remitidos al Congreso.

El artículo 9° señala que el Poder Ejecutivo “dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y, en consecuencia, la adecuación de partidas presupuestarias a fin de actualizar al 1° de enero de 2025 el presupuesto correspondiente a las universidades públicas”, sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional.

“La presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, agrega el texto.

En tanto, la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, con vigencia por un año, dispone la asignación prioritaria e inmediata de recursos destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial.

También establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud —asistencial y no asistencial— y la exención del impuesto a las ganancias para quienes trabajen en efectores públicos y privados al realizar “actividades críticas, horas extras o guardias”.

La norma declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad y garantiza “su funcionamiento pleno y sostenido”.

El artículo 5° del decreto indica que “el Poder Ejecutivo nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Además, se crea una comisión de seguimiento y evaluación integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Salud, del COFESA y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que presentará informes trimestrales.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica”, concluye.