El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que enviará un proyecto de Ley a la Legislatura porteña para dejar sin efecto el impuesto a las tarjetas de crédito que rige en CABA.

Se trata de un impuesto a los sellos con una tasa de 1,2% sobre el total del resumen de los gastos realizados con ese medio de pago. Alcanza a las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad.

Desde el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas (Comuna 4), el mandatario aseguró: “La gente esta harta de políticos que se pelean, se agreden y no cumplen sus promesas. Nosotros no entramos en eso, yo lo que me propongo, lo cumplo. Esta decisión es una muestra de mi visión de lo que necesitamos en la Argentina. Acá vamos a bajar impuestos. Vamos a reducir el peso muerto del Estado”.

En 2020 el Gobierno nacional recortó fondos coparticipables que recibía el GCBA. La administración porteña presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Además, estableció de forma provisoria este impuesto, a la espera del fallo del máximo tribunal.

A fines del año pasado, la CSJN concedió una cautelar en favor de la CABA. Estableció que Nación debe otorgar al GCBA el 2,95% de los fondos coparticipables.

Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente se elevó el monto de 1,4% que recibía CABA a 3,75%. Fue por el traspaso del área de Seguridad de Nación a CABA, lo que permitió el nacimiento de la Policía de la Ciudad. Por el consenso fiscal de 2017 el monto bajó a 3,5%.

En tanto, en 2020 Casa Rosada redujo ese número por decreto a 2,32%, al derivar fondos porteños a la gobernación bonaerense, en el marco de una protesta policial por subas salariales. Luego, ese mismo año se aprobó la Ley nacional N°27.606, que bajó el monto a 1,4%.

El Gobierno porteño dijo que desde 2020 hasta fines de 2022 la gestión capitalina dejó de percibir 250.000 millones de pesos, el 12% de su presupuesto total.

Luego de varias polémicas públicas, la semana pasada Nación oficializó que pagará el monto establecido por la CSJN con bonos TX31 por un monto equivalente a $98.500 millones.

De todos modos, en el GCBA critican esta medida y acusan al Gobierno de Alberto Fernández de hacer trampa. Señalan que la gestión necesita trasferencias diarias de dinero y no este tipo de elementos financieros.

“Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política y yo no voy a quedarme quieto viendo cómo un Gobierno que quiebra las instituciones toma de rehén a los argentinos”, explicó el jefe de Gobierno este martes.