El fiscal general de Cámara Rodrigo Cuesta pidió revocar el fallo de primera instancia que había rechazado el planteo de los trabajadores de los medios públicos porteños contra el proceso impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para concesionar durante cinco años el gerenciamiento y la operación del Canal de la Ciudad, AM 1110 Radio de la Ciudad y FM 92.7 La 2×4.

En su dictamen, Cuesta sostuvo que los trabajadores tienen legitimación para intervenir en la causa judicial y respaldó el recurso de apelación presentado contra la resolución de primera instancia. La decisión deberá ser tomada ahora por los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, que deberán definir si mantienen el fallo o hacen lugar al planteo del fiscal.

“Corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de grado”, sostuvo Cuesta en su dictamen. El pronunciamiento se produjo mientras la Ciudad avanza con el proceso de concesión de sus medios públicos, indicó Clarín.

Uno de los elementos destacados por el fiscal fue el informe elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que cuestionó el procedimiento llevado adelante por el Gobierno porteño. Según surge del expediente, el organismo consideró “ilegal” el proceso y advirtió que podría constituir una “falta grave”, con la posibilidad de derivar incluso en la caducidad de la licencia o registro.

El ENaCom había enviado una Carta Documento al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuando la Ciudad avanzó con la licitación del Canal de la Ciudad. El interventor del organismo, Juan Martín Ozores, había planteado entonces las consecuencias que podría tener una eventual adjudicación de la gestión a un operador privado.

La Ciudad, por su parte, rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el proceso no implica la venta de los medios ni la transferencia de sus frecuencias o licencias. El Gobierno porteño plantea la iniciativa como una concesión del gerenciamiento y la operación durante un período determinado.

El dictamen judicial se conoce mientras la adjudicación del Canal de la Ciudad todavía no se hizo efectiva. El Gobierno porteño adjudicó el gerenciamiento por cinco años a Cale Group, empresa vinculada a Augusto Marini, por un canon de $50 millones mensuales.

Sin embargo, todavía resta la firma del contrato de transferencia y el comienzo formal de la gestión por parte del adjudicatario. De acuerdo con lo informado sobre el proceso, el traspaso se prevé para fines de octubre o comienzos de noviembre.

De esta manera, la eventual intervención de la Justicia podría producirse antes de que la concesión del canal quede formalmente concretada.

En el caso de las radios públicas, la Ciudad volvió a poner en marcha el proceso licitatorio después de que el primer llamado quedara desierto por falta de ofertas.

La nueva licitación fue dividida en dos renglones: uno para AM 1110 Radio de la Ciudad y otro para FM 92.7 La 2×4. Cada concesión tendrá una duración de 60 meses y un canon base de $1,53 millones mensuales por emisora. La apertura de ofertas está prevista para el 28 de septiembre de 2026.

El esquema contempla que el futuro adjudicatario se haga cargo de la administración, gestión, operación y mantenimiento de las radios, además de desarrollar la programación en coproducción con el Gobierno porteño.

El pliego establece que las licencias de los servicios de comunicación audiovisual continuarán bajo titularidad de la Ciudad. También fija obligaciones relacionadas con la continuidad de las transmisiones, el mantenimiento de los equipos, la conservación de las instalaciones y la disponibilidad de personal y recursos para garantizar el funcionamiento de las emisoras.

Los trabajadores de los medios públicos cuestionan el proceso porque consideran que la delegación de la gestión a operadores privados constituye una privatización y sostienen que ese mecanismo entra en conflicto con normas que protegen el carácter público de los medios porteños.

El conflicto también tuvo expresiones públicas. La semana pasada, trabajadores de las radios se manifestaron durante el cierre del Mundial de Tango de Buenos Aires, frente al Teatro Gran Rex, para rechazar la concesión. Entre sus cuestionamientos señalaron además que FM 2×4 no transmitió ni realizó la cobertura de la final del evento, algo que, según indicaron, no sucedía desde hacía más de una década.

El Gobierno porteño sostiene una posición diferente. Macri defendió la licitación como una alternativa para que la operación de los medios deje de representar un gasto para las arcas públicas y pueda quedar a cargo del sector privado.

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad”, había afirmado el jefe de Gobierno, al remarcar que el objetivo es evitar que los contribuyentes continúen financiando la operación de esos medios.

La definición judicial quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver sobre la apelación de los trabajadores y el criterio planteado por el fiscal Cuesta.

Si los camaristas aceptan el planteo del fiscal y revocan la resolución de primera instancia, el expediente debería pasar a otro magistrado para que analice el pedido de una medida cautelar formulado por los trabajadores.

Cuesta consideró que el caso debería ser asignado a un nuevo juez debido a que la magistrada que intervino inicialmente ya se pronunció sobre aspectos centrales del conflicto. “Correspondería asignar el conocimiento del asunto a un nuevo magistrado”, sostuvo.

Ese nuevo juez deberá determinar si corresponde hacer lugar a la cautelar. En caso de ser concedida, podría suspender el avance de las concesiones mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo del planteo.

Si la Cámara mantiene el fallo de primera instancia, en cambio, el Gobierno porteño podrá continuar con el cronograma previsto para completar el proceso de concesión del Canal de la Ciudad y de las dos radios públicas.