La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó el cese inmediato de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales. La medida cautelar fue otorgada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, tras un amparo presentado por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra (Fuerza por Buenos Aires), junto a organizaciones no gubernamentales y vecinas afectadas.

Según explicaron los impulsores de la medida, el fallo busca poner freno a una modalidad en la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ejecutaba desalojos mediante la manipulación de trámites administrativos internos, evitando deliberadamente la intervención de los tribunales.

A partir de esta resolución judicial, el Poder Ejecutivo porteño deberá modificar drásticamente su protocolo de actuación ante situaciones de ocupación o regularización dominial:

Intervención judicial obligatoria: Ante cualquier intento de desalojo, el GCBA tiene la obligación estricta de comunicarse previamente con la Justicia. Los demandantes recordaron que no existen “excusas administrativas” para saltear este paso, dado que existen juzgados de turno disponibles las 24 horas.

Garantía de vivienda: La cautelar establece que la gestión local debe asegurar a las familias afectadas una vivienda transitoria, efectiva e inmediata, entre otras medidas de asistencia social y de contención.

La legisladora Victoria Freire (Frente de Todos) fundamentó la urgencia del amparo en el fuerte incremento de esta modalidad durante el inicio del año. Según datos recabados, en los primeros dos meses de 2026, los desalojos ejecutados por vía administrativa y sin control de los jueces alcanzaron el 58% del total de los casos registrados en territorio porteño.

Asimismo, se alertó sobre la vulnerabilidad de la población afectada por estas medidas de fuerza directas: una de cada tres personas desalojadas en la Ciudad es un niño o niña.

Desde el bloque de la oposición en la Legislatura porteña acusaron al Poder Ejecutivo de implementar una política de persecución y vaciamiento. “El gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda, y persigue y expulsa a las personas que más necesitan acompañamiento del Estado”, apuntó Freire a través de sus canales oficiales.

Tras el fallo, los sectores denunciantes aseguraron que mantendrán el monitoreo desde la Legislatura de la Ciudad para garantizar que el Gobierno de Jorge Macri acate la orden judicial, cumpla con las leyes vigentes y detenga los desplazamientos forzosos de los vecinos en situación de vulnerabilidad.