Libertarios impulsan una “Ley de Hojarasca” porteña para derogar más de 20 normas consideradas obsoletas
De acuerdo con el texto, varias de estas normas fueron sancionadas en contextos distintos a los actuales y, con el paso del tiempo, quedaron desactualizadas o fueron absorbidas por legislación posterior.
legislatura 2026
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley que propone derogar más de una veintena de normas vigentes, con el objetivo de simplificar el entramado regulatorio de la Ciudad.
La iniciativa, encabezada por María del Pilar Ramírez, lleva el nombre de “Ley de Hojarasca” y plantea eliminar leyes, artículos y ordenanzas que —según sus fundamentos— “han perdido utilidad práctica, actualidad o sentido” dentro del funcionamiento administrativo.
El proyecto (expediente 1619-D-2026) establece en su artículo 1° la derogación de las leyes 16, 50, 109, 288, 477, 1.264, 2.198, 2.604, 3.870, 4.619, 5.059, 5.135, 5.190, 5.919, 6.008, 6.255, 6.328, 6.352 y 6.492. También propone eliminar parcialmente otras normas, como la Sección II de la Ley 600, el Capítulo II de la Ley 3.166 y el artículo 4° de la Ley 5.901, además de derogar la Ordenanza 15.201, previa a la autonomía porteña.
De acuerdo con el texto, varias de estas normas fueron sancionadas en contextos distintos a los actuales y, con el paso del tiempo, quedaron desactualizadas o fueron absorbidas por legislación posterior, lo que derivó en superposiciones regulatorias y pérdida de aplicación efectiva.
En ese sentido, el proyecto sostiene que la acumulación normativa generó “trabas burocráticas”, con exigencias, registros y procedimientos que hoy no responden a necesidades concretas y que impactan en la actividad económica y administrativa.
El artículo 2° dispone que las partidas presupuestarias asignadas a las normas derogadas sean transferidas al área de Hacienda del Gobierno porteño, mientras que el artículo 3° establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar y armonizar la normativa reglamentaria vigente en función de los cambios propuestos.
En los fundamentos, los autores plantean que la iniciativa busca avanzar en un proceso de “ordenamiento, simplificación y depuración normativa”, con el objetivo de reducir la carga regulatoria y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado.
Además, señalan que muchas de las regulaciones incluidas en el proyecto están vinculadas a actividades comerciales, turísticas y operativas que, en la práctica, ya no se aplican o fueron reemplazadas por marcos más recientes.
La propuesta se inscribe en una línea de reformas orientadas a reducir la cantidad de normas vigentes y avanzar hacia un sistema legal “más claro, ordenado y actualizado”, según expresaron sus impulsores.
