La legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda) presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para derogar el Decreto 230/26, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri el pasado 22 de junio, que declaró esencial al servicio de recolección de residuos y fijó prestaciones mínimas obligatorias para los servicios de transporte durante conflictos laborales.

La iniciativa propone dejar sin efecto la norma en todos sus términos y declarar la nulidad de cualquier resolución o disposición que busque reglamentar o restringir el ejercicio del derecho de huelga, asamblea y acción gremial en los sectores alcanzados por el decreto.

La medida impulsada por el Ejecutivo porteño establece que, ante huelgas o reclamos colectivos, la recolección de residuos deberá mantener una cobertura mínima del 75% por tratarse de un servicio esencial. Además, dispone que los colectivos de jurisdicción porteña, el subte y el Premetro funcionen con al menos el 50% de su prestación habitual, al ser considerados actividades de importancia trascendental.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios considerados estratégicos para la salud pública, el ambiente y la movilidad urbana. El decreto se apoya en la reforma introducida por la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral, que modificó el régimen de conflictos colectivos previsto en la Ley 25.877.

Desde la izquierda, sin embargo, cuestionan que la exigencia de mantener esos niveles de funcionamiento durante una medida de fuerza vacía de contenido el derecho de huelga. En los fundamentos del proyecto, Biasi sostiene que obligar a trabajar al 75% del personal de higiene urbana o al 50% de los trabajadores del transporte equivale, en los hechos, a impedir la realización efectiva de paros.

La legisladora también plantea que el decreto constituye una aplicación local de la reforma laboral nacional y afirma que su objetivo es favorecer a las empresas concesionarias del transporte y la recolección de residuos. En ese sentido, menciona a la operadora del subte Emova, a las empresas de higiene urbana y a los grupos empresarios del transporte automotor entre los principales beneficiarios de la medida.

El proyecto establece además que las condiciones de trabajo, seguridad e higiene y los esquemas de prestación ante conflictos colectivos deberán regirse exclusivamente por los convenios colectivos de cada actividad y quedar bajo control de comités de trabajadores elegidos en asamblea. De esta manera, busca impedir que el Estado o las empresas impongan coberturas mínimas obligatorias durante las huelgas.

El decreto comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y alcanza a la recolección de residuos, las líneas de colectivos cuya regulación fue transferida a la administración porteña y a toda la red de subtes y Premetro.