La Legislatura porteña pide informes sobre la implementación del programa “Secundaria Aprende”
El pedido apunta a conocer detalles del nuevo régimen académico en 83 establecimientos, con foco en la figura de los Profesores Acompañantes de Trayectorias, la capacitación docente y el impacto presupuestario de la reforma educativa.
aula escuela
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para obtener detalles sobre la implementación del nuevo régimen académico del programa “Secundaria Aprende”, que actualmente se desarrolla en 83 escuelas secundarias porteñas.
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, busca precisiones sobre distintos aspectos de la reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación, que introduce cambios en la organización pedagógica e institucional del nivel medio, incluyendo nuevas modalidades de evaluación, acreditación y acompañamiento de trayectorias estudiantiles.
Uno de los ejes centrales del requerimiento legislativo está puesto en la figura de los Profesores Acompañantes de Trayectorias (PAT), un dispositivo creado para el seguimiento personalizado de los estudiantes dentro del nuevo esquema académico. Los legisladores solicitan información sobre su forma de designación, perfil profesional, carga horaria, cantidad de estudiantes asignados y distribución de funciones.
El pedido también incluye consultas sobre la capacitación docente realizada para la implementación del programa, los dispositivos de apoyo a los equipos escolares y los criterios utilizados para organizar los espacios curriculares en función de las trayectorias individuales de los alumnos.
Asimismo, la resolución solicita datos sobre la cantidad de escuelas involucradas, el tipo de gestión, los recursos presupuestarios destinados a la puesta en marcha del régimen y la eventual asignación de cargos adicionales para su implementación.
Otro de los puntos relevantes refiere a los mecanismos de evaluación y monitoreo del programa, con el objetivo de conocer cómo se mide el impacto de la reforma en las trayectorias educativas, la acreditación de materias y la organización institucional de las escuelas secundarias.
La iniciativa establece un plazo de 30 días para que el Ejecutivo porteño remita la información solicitada a la Legislatura.
