La Legislatura porteña pide informes por la venta del ex Hospital Israelita en Villa Santa Rita
El pedido alcanza al Ejecutivo y solicita detalles sobre la operación de venta del histórico inmueble de Nazca 1145, su situación patrimonial, posibles proyectos de obra y la protección del arbolado del predio.
hospital israelita
Foto: Infobae
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo porteño para que brinde detalles sobre el proceso de transferencia, venta o cesión del inmueble del ex Hospital Israelita, ubicado en avenida Nazca 1145, en el barrio de Villa Santa Rita (Comuna 11).
La iniciativa apunta a esclarecer las condiciones en las que se concretó la operación inmobiliaria de un edificio considerado emblemático para la zona, fundado en 1916 por la Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos y que llegó a contar con más de 1.000 trabajadores en su período de mayor actividad.
Según los fundamentos del despacho, el inmueble —diseñado por el arquitecto Jacques Braguinsky— forma parte de la identidad histórica del barrio y su cierre definitivo se produjo tras la quiebra de la asociación en 2001, cuando el establecimiento dejó de funcionar como hospital y pasó por distintas etapas de uso parcial y posterior clausura.
Días atrás, el edificio habría sido adquirido por la empresa IRSA por un monto cercano a los 6,8 millones de dólares, operación que generó preocupación entre vecinos e instituciones de la zona por la falta de información pública sobre el destino del predio.
En ese marco, los legisladores solicitaron al Ejecutivo que informe bajo qué marco legal se realizó la operación, cuál es la situación de protección patrimonial del inmueble y si existe una ficha de catalogación vigente. También pidieron precisiones sobre eventuales evaluaciones de impacto ambiental y sanitario vinculadas a la eventual transformación del predio.
El pedido incluye además detalles sobre solicitudes de permisos de obra en trámite y la normativa vigente respecto del arbolado dentro del terreno, un punto señalado como de interés por organizaciones barriales.
La resolución establece un plazo de 30 días para que el Gobierno de la Ciudad remita la información solicitada.
