Legisladores de Fuerza por Buenos Aires ingresaron dos proyectos de Ley en la Legislatura porteña para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para incorporar nuevas estructuras permanentes destinadas a investigar hechos de violencia institucional y garantizar asistencia jurídica gratuita a víctimas de delitos.

Las iniciativas plantean, por un lado, la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial (FEVIIP) dentro del Ministerio Público Fiscal y, por otro, la puesta en funcionamiento de cuatro Defensorías Públicas de Víctimas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.

El proyecto de creación de la FEVIIP establece que tendrá competencia específica para investigar hechos delictivos o contravencionales presuntamente cometidos por integrantes de la Policía de la Ciudad, el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, agentes de control e inspectores y personal de centros socioeducativos del sistema penal juvenil.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es que las fuerzas u organismos involucrados en una investigación no podrán actuar como auxiliares de la Justicia en la recolección de pruebas. Las tareas investigativas y periciales quedarían a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) u otros organismos independientes.

El proyecto también establece la aplicación obligatoria del Protocolo de Estambul, destinado a la investigación y documentación de casos de tortura y otros malos tratos, y del Protocolo de Minnesota, referido a la investigación de muertes potencialmente ilícitas, incluidas aquellas ocurridas bajo custodia estatal.

La nueva fiscalía contaría además con canales propios y gratuitos para recibir denuncias y debería garantizar entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad sin la presencia del personal de custodia.

En materia de protección, la iniciativa establece que las medidas adoptadas para resguardar a denunciantes o víctimas no podrán implicar un agravamiento de sus condiciones de alojamiento ni su aislamiento.

El esquema propuesto incluye también la creación de los cargos de Fiscal de Cámara y Fiscal de Primera Instancia, que deberían ser cubiertos mediante concursos públicos a través del Consejo de la Magistratura.

El segundo proyecto apunta a incorporar al Ministerio Público de la Defensa un sistema de asistencia y representación jurídica gratuita para víctimas de delitos de competencia porteña.

La propuesta contempla la creación de cuatro Defensorías Públicas de Víctimas, organizadas territorialmente según las zonas judiciales Norte, Este, Sur y Oeste.

Los defensores tendrían autonomía técnica respecto del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones estaría brindar asesoramiento, solicitar medidas cautelares y promover, cuando corresponda, la constitución de la víctima como parte querellante.

El patrocinio sería gratuito para víctimas de delitos contra la vida, la libertad o la integridad sexual, además de aquellos casos que hayan tenido resultado de muerte. Para acceder a esta asistencia no se exigiría acreditar falta de recursos económicos.

La iniciativa incorpora además mecanismos para evitar conflictos de intereses cuando el Ministerio Público de la Defensa intervenga simultáneamente en la defensa de una persona imputada y en la representación de una víctima dentro de una misma causa.

Las defensorías tendrían equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de las áreas jurídica, psicológica y social. El proyecto también prevé mecanismos específicos de comunicación y resguardo cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Ambos proyectos incluyen disposiciones transitorias para permitir que las nuevas estructuras comiencen a prestar funciones mediante subrogancias y mecanismos provisorios mientras se desarrollan los concursos para cubrir los cargos permanentes.

Además, las iniciativas establecen mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Las áreas creadas deberían elaborar y publicar informes estadísticos anuales anonimizados, que tendrían que ser remitidos a la Legislatura porteña antes del 31 de marzo de cada año.

De esta manera, las propuestas buscan incorporar a la estructura permanente del sistema de Justicia de la Ciudad áreas específicas para la investigación de hechos de violencia institucional y para la asistencia jurídica de víctimas.