Un grupo de legisladores porteños presentó un proyecto de declaración para expresar el respaldo de la Legislatura al ejercicio del control constitucional y convencional realizado por la Justicia de la Ciudad en un caso relacionado con el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La iniciativaf fue impulsada por Graciana Peñafort, junto con Claudio Ferreño, Noemí Geminiani, Andrea González, Berenice Iañez y Alejandro Salvatierra.

El proyecto hace referencia a una resolución dictada el 21 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la jueza Laura De Marinis. En ese caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto de un adolescente de 14 años.

La nueva ley establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026.

Según informó el propio juzgado, el caso involucró a un adolescente de 14 años que habría participado, junto con otros jóvenes, de un intento de robo. La resolución consideró las circunstancias particulares del hecho, que quedó en grado de tentativa, y la situación de vulnerabilidad socioeconómica del adolescente. La declaración de inconstitucionalidad fue limitada a ese caso y no implicó invalidar la Ley 27.801 en forma general.

El proyecto presentado en la Legislatura sostiene que la decisión judicial se encuentra dentro de las facultades de los jueces para ejercer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por eso, plantea que el pronunciamiento no supone una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones del Legislativo, sino el funcionamiento del sistema de división de poderes.

Los fundamentos también cuestionan la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil y citan pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como antecedentes contrarios a reducir ese límite.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó en 2018 que la Argentina no redujera la edad de responsabilidad penal y volvió a pronunciarse en ese sentido en 2024. Los fundamentos del proyecto legislativo utilizan esos antecedentes para cuestionar la nueva normativa.

La Ley 27.801, en cambio, establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años y contempla, entre sus objetivos, la responsabilización, educación, resocialización e integración social, junto con la protección de las víctimas.

En la Ciudad, además, el Ministerio Público Fiscal estableció criterios de actuación para intervenir desde el 5 de septiembre en hechos atribuidos a adolescentes de 14 y 15 años y en determinados casos que involucran a jóvenes de 16 y 17 años.

El proyecto de declaración presentado en la Legislatura también cuestiona las críticas públicas que recibió la resolución judicial y menciona expresamente la posibilidad de un eventual juicio político contra la magistrada. Sus autores sostienen que el contenido de una sentencia no debería constituir, por sí mismo, un motivo de remoción, y vinculan esa discusión con la independencia judicial y la división de poderes.

La iniciativa busca que la Legislatura porteña reafirme, mediante una declaración institucional, el respeto por las competencias de cada poder del Estado y por las garantías constitucionales y convencionales aplicables a niñas, niños y adolescentes.