Piden informes sobre las audiencias públicas por la nueva licitación de Higiene Urbana en la Ciudad
La legisladora Andrea Mariana González presentó un proyecto para que el Gobierno porteño detalle cómo se organizaron las jornadas del 5 y el 8 de octubre, en las que se analizaron los pliegos del servicio. La iniciativa cuestiona la extensión de la primera audiencia, que se prolongó durante más de 13 horas, y solicita información sobre la participación ciudadana y las condiciones de las exposiciones.
Legisladores de Fuerza por Buenos Aires presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad sobre la organización y el desarrollo de las audiencias públicas realizadas el 5 y el 8 de octubre, en las que se analizaron los pliegos de la futura contratación del Servicio Público de Higiene Urbana.
La iniciativa lleva las firmas de Andrea Mariana González, Matías Barroetaveña, Victoria Freire, Alejandro Omar Grillo, Bárbara Rossen y Delfina Velázquez. El proyecto solicita información sobre la convocatoria, la participación de los inscriptos y las condiciones en las que se desarrollaron ambas jornadas.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la primera audiencia, que comenzó al mediodía del 5 de octubre y se extendió durante más de 13 horas, hasta que fue interrumpida durante la madrugada del día siguiente. La actividad continuó el 8 de octubre, también desde las 12.
Los legisladores solicitan precisiones sobre la elaboración y difusión del orden del día, el mecanismo de inscripción, la cantidad de participantes y la organización de los turnos de exposición. También requieren conocer los horarios exactos de inicio, interrupción y reanudación de las sesiones, así como las decisiones formales adoptadas durante el procedimiento.
El pedido incluye información sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada para las intervenciones, las personas convocadas a exponer y aquellas que efectivamente pudieron hacerlo. Además, reclama registros de las incidencias técnicas, las quejas presentadas y las actuaciones de las autoridades responsables de conducir las audiencias, junto con las grabaciones completas, las transcripciones y los registros de participación.
Según los fundamentos de la iniciativa, más de 1.466 personas se inscribieron para participar de las audiencias. El proyecto plantea interrogantes sobre la distribución de las exposiciones, los criterios utilizados para establecer el cronograma y las razones por las que la primera jornada se programó al mediodía y se prolongó durante tantas horas.
Los autores también solicitan explicaciones sobre las diferencias entre la organización prevista para el 5 de octubre y la continuidad del día 8. En ese marco, piden conocer cuándo y por qué medios se comunicaron los órdenes del día y qué procedimiento se siguió para llamar a cada participante, incluidos los casos en los que una persona no respondía a la convocatoria.
El texto menciona, además, el artículo 43 de la Ley 6, que establece que las audiencias públicas deben realizarse por la tarde, salvo circunstancias especiales. Por ese motivo, requiere que el Ejecutivo explique los criterios aplicados para definir los horarios.
Las audiencias estuvieron vinculadas con los pliegos para la futura contratación del Servicio Público de Higiene Urbana, un proceso que definirá aspectos centrales de la prestación durante los próximos años.
En sus fundamentos, los legisladores también advierten sobre posibles modificaciones en el tratamiento de la fracción seca de los residuos y en la distribución de responsabilidades relacionadas con los Centros Verdes y las tareas de promoción ambiental. Según plantean, esos cambios podrían tener consecuencias para el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos.
La iniciativa recuerda el marco normativo que incorporó a los recuperadores al sistema de recolección diferenciada y reconoce el papel de las cooperativas en las tareas de reciclado. En ese contexto, busca obtener precisiones sobre el alcance de los cambios contemplados en los pliegos.
El pedido de informes requiere que el Poder Ejecutivo porteño responda dentro de un plazo de 30 días. La presentación no implica una decisión sobre la contratación, sino que apunta a obtener información oficial sobre el procedimiento de participación ciudadana y los aspectos del futuro servicio que estuvieron bajo discusión.







