Traslados de Devoto a Marcos Paz: legisladores porteños alertan por las visitas y la continuidad del centro universitario
Ingresaron dos proyectos de declaración en la Legislatura porteña, acompañada por otros legisladores. Las iniciativas cuestionan el operativo iniciado el 11 de octubre, denuncian la falta de notificación a familiares y defensores y advierten sobre el impacto del cierre del penal de Devoto en el programa educativo UBA XXII y la continuidad laboral de sus docentes.
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Dos proyectos de declaración presentados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresaron preocupación por los traslados de personas detenidas desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto (Comuna 11) hacia el penal de Marcos Paz, iniciados el domingo 11 de octubre, y por sus consecuencias sobre la educación universitaria en contextos de encierro.
Las iniciativas fueron impulsadas por la diputada Delfina Velázquez, junto con otros legisladores. La primera, registrada bajo el expediente 3213-D-2026, cuestiona las condiciones en que se desarrolló el operativo y denuncia la falta de notificación previa a familiares, abogados defensores, organismos de control y juzgados intervinientes.
El texto también advierte sobre la suspensión de las visitas, las dificultades para comunicarse con las personas detenidas y la incertidumbre respecto de su estado de salud, alimentación y acceso a medicamentos. Además, señala presuntos obstáculos al ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación para inspeccionar las condiciones de detención.
El segundo proyecto, expediente 3214-D-2026, pone el foco en la continuidad del Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona desde 1985 en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires.
La iniciativa advierte que el traslado de los estudiantes a Marcos Paz, en pleno cuatrimestre, podría interrumpir sus trayectorias académicas y afectar la continuidad laboral del cuerpo docente. Según los fundamentos, el establecimiento de destino todavía no reuniría las condiciones necesarias para garantizar la continuidad educativa.
El proyecto también cuestiona el cierre del penal de Devoto, dispuesto mediante la Resolución 1042/2026, y reclama garantías para sostener las actividades de docencia, investigación y extensión del programa universitario.
Ambas presentaciones señalan, además, la participación del Gobierno porteño en el proceso de traslado y plantean la necesidad de evaluar el respeto de los derechos humanos.
Los expedientes fueron iniciados el 13 de octubre. El primero lleva las firmas de María Bielli, Andrea Mariana González, Federico Mochi, Graciana Peñafort y Alejandro Salvatierra, mientras que el segundo también cuenta con la adhesión de Victoria Freire. Las iniciativas buscan que la Legislatura exprese institucionalmente su preocupación por las consecuencias del operativo y reclame garantías para las personas detenidas, sus familias y la comunidad educativa del CUD.
