Proponen eliminar las restricciones horarias para vender alcohol en la Ciudad y habilitar la venta en kioscos
El proyecto fue presentado este lunes en la Legislatura porteña y plantea derogar tres artículos del Código de Habilitaciones que establecen límites para el expendio, el envío a domicilio y el consumo de bebidas alcohólicas. También busca eliminar la prohibición que alcanza a kioscos y maxikioscos.
Un proyecto de ley presentado este lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone derogar las restricciones horarias vigentes para la venta de bebidas alcohólicas y eliminar las limitaciones específicas que alcanzan a kioscos, maxikioscos y locales de venta de golosinas envasadas.
La iniciativa corresponde al expediente 2410-D-2026, iniciado el 10 de agosto, y lleva la firma del legislador Juan Ignacio Fernández, con Marcelo Gregorio Ernst como coautor (La Libertad Avanza).
El texto plantea derogar los artículos 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad.
Qué restricciones busca eliminar
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, actualmente existen distintas limitaciones para la comercialización de bebidas alcohólicas. Entre ellas, se establece que el expendio para consumo fuera del establecimiento puede realizarse entre las 8 y las 22, mientras que los envíos a domicilio están permitidos entre las 8 y las 0.
Además, la normativa contempla restricciones para la venta en determinados horarios: se prohíbe la venta en locales autorizados entre las 5 y las 10, y el consumo dentro de esos establecimientos entre las 5.30 y las 10.
El proyecto también apunta específicamente contra la prohibición de vender y enviar bebidas alcohólicas desde locales de venta de golosinas envasadas, kioscos y maxikioscos.
De aprobarse la iniciativa, esas restricciones quedarían eliminadas y los comercios alcanzados podrían comercializar bebidas alcohólicas sin las actuales limitaciones horarias establecidas por esos artículos.
Los argumentos del proyecto
Los autores sostienen que las restricciones constituyen regulaciones “arbitrarias” que afectan la libertad individual, el derecho de propiedad y la libertad de comercio.
En los fundamentos señalan que los adultos deben poder tomar decisiones sobre sus propios consumos y cuestionan que el Estado adopte un criterio paternalista para limitar esas decisiones.
Otro de los argumentos apunta a la igualdad entre los distintos tipos de comercios. El proyecto considera que no existe una justificación para permitir que un consumidor pueda adquirir alcohol en un supermercado o local gastronómico en determinados horarios, mientras que un kiosco tenga prohibida esa misma operación.
Los autores también sostienen que las restricciones horarias generan dificultades de fiscalización y pueden favorecer situaciones de corrupción administrativa. Según el texto, la derogación permitiría reducir cargas administrativas y concentrar los controles estatales en cuestiones vinculadas con el orden público, la seguridad vial y las normas de convivencia.
Alcohol y consumo problemático
El proyecto diferencia las restricciones comerciales de las políticas destinadas a abordar los consumos problemáticos de alcohol.
En ese sentido, los fundamentos sostienen que la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos deben abordarse como una cuestión de salud pública y que las prohibiciones generales de horarios no necesariamente apuntan a las personas que presentan esas conductas.
También argumentan que las limitaciones pueden favorecer canales informales de comercialización y concentrar la demanda clandestina en determinados puntos de la Ciudad.
El argumento económico
Entre los fundamentos también aparece una dimensión económica. Los impulsores de la iniciativa consideran que una eliminación de las restricciones permitiría aumentar las operaciones comerciales formales, con potencial impacto sobre la recaudación tributaria indirecta y el empleo en actividades vinculadas con el comercio, los servicios y la logística.
Asimismo, sostienen que una mayor libertad de comercialización podría incrementar la competencia entre grandes distribuidores y pequeños comerciantes y beneficiar a los consumidores mediante una mayor disponibilidad de productos y competencia de precios.
El proyecto quedó así presentado para su tratamiento legislativo y, por el momento, se trata de una iniciativa que deberá atravesar el proceso parlamentario correspondiente antes de convertirse eventualmente en ley.







