El Gobierno nacional resolvió avanzar por la vía judicial en el conflicto gremial con los controladores de tránsito aéreo agrupados en ATEPSA, luego de las medidas de fuerza que se vienen desarrollando en distintos aeropuertos del país y que ya provocaron demoras y cancelaciones de vuelos en plena temporada alta.

La estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Daniel Rafecas, por considerar que la protesta gremial habría alterado el normal desarrollo del servicio aéreo y expuesto a riesgos de seguridad operacional.

Fuentes oficiales explicaron que el reclamo apuntó especialmente al uso de carteles y banderas sindicales instalados en el exterior de las torres de control de Aeroparque y Ezeiza. Según EANA, ese material podría desprenderse y ser absorbido por las turbinas de los aviones, además de obstaculizar la visión y la concentración del personal a cargo de las operaciones. La presentación sostiene que la libertad de protesta no puede interferir en la seguridad de la navegación aérea.

En paralelo, continúan los efectos visibles sobre el transporte aéreo: la huelga de controladores provocó modificaciones en las programaciones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi, entre otras compañías, con demoras y reprogramaciones que afectaron a miles de pasajeros que viajaban desde Aeroparque, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y terminales del interior. El número de usuarios perjudicados podría superar los 40.000 entre las primeras dos jornadas de paro y la medida prevista para esta tarde.

Aerolíneas anunció que más de 60 servicios se verán alcanzados por la protesta del día, mientras que Flybondi reconfiguró parte de su operación para reducir el impacto.

Desde ATEPSA ratificaron el camino elegido y sostienen que las medidas responden a la ruptura del diálogo, incumplimientos del Convenio Colectivo, despidos y deterioro salarial. El sindicato confirmó la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, afectando vuelos nacionales e internacionales en horarios de alta demanda.

El expediente que ahora deberá analizar Rafecas podría marcar un punto de inflexión en el conflicto: la Justicia definirá si la intervención gremial en las torres de control constituye un delito vinculado a la seguridad pública o si se encuadra dentro del derecho sindical.

Mientras tanto, el panorama para el cierre de año en el transporte aéreo se mantiene incierto. Con medidas programadas hoy entre las 16 y las 19 para vuelos de cabotaje, y nuevas huelgas los próximos días, las aerolíneas recomiendan a los viajeros monitorear el estado de sus servicios antes de dirigirse a las terminales.

La escala en el conflicto amenaza con extender la tensión en Aeroparque, Ezeiza y el resto del sistema aeroportuario, justo en el tramo más intenso de la temporada turística.