La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño informe cuántos puestos de venta de café y establecimientos gastronómicos de pequeña escala funcionan actualmente en el espacio público, bajo qué régimen fueron autorizados y cuánto recauda la Ciudad por su explotación.

El pedido de informes corresponde al expediente 2580-D-2026, presentado el 21 de agosto por el legislador Nicolás Pakgojz, con la adhesión de otros once legisladores. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que responda dentro de los 30 días de recibida la resolución y que abarque el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y la fecha de contestación.

Entre los datos requeridos figura un relevamiento de la cantidad total de establecimientos, discriminados por comuna y ubicación. También se pide precisar qué figura jurídica utiliza cada uno: permisos de uso precario, concesiones, permisos especiales, autorizaciones derivadas de la Ordenanza N.º 33.188, permisos comunales u otras modalidades.

Cuánto paga cada puesto

Uno de los ejes del proyecto apunta a conocer la contraprestación económica por el uso comercial del espacio público. En ese sentido, se solicita informar cuánto abona cada establecimiento en concepto de canon, derecho o cualquier otro pago, además del criterio utilizado para determinar esos valores.

La Legislatura también quiere conocer cuánto dinero ingresó a las arcas porteñas durante el período analizado y cuántos establecimientos funcionan sin pagar canon o contraprestación económica. En esos casos, el Gobierno debería explicar cuál es el fundamento legal o administrativo que permite esa situación.

Otro de los puntos solicita el listado de permisos, concesiones y autorizaciones otorgados, con sus respectivas fechas de inicio, plazos de vigencia y organismos responsables de su otorgamiento.

Habilitaciones e inspecciones

El pedido también busca determinar cuántos de los establecimientos cuentan con habilitación vigente para elaborar y vender alimentos y bebidas.

A su vez, requiere información sobre los controles realizados por los organismos porteños competentes. En particular, solicita conocer la cantidad de inspecciones, infracciones, clausuras y revocaciones de permisos registradas durante el período incluido en el informe.

También se pide detallar la situación administrativa de aquellos comercios que funcionen mediante permisos transitorios, precarios o autorizaciones provisorias.

Puestos de diarios y módulos gastronómicos

El proyecto incorpora además a los puestos de venta de diarios y revistas que fueron autorizados a sumar la comercialización de café y otros productos gastronómicos. Para estos casos, se solicita informar su ubicación, fecha de autorización y régimen jurídico, así como si la ampliación de actividades produjo modificaciones en el canon o derecho de ocupación del espacio público.

Otro capítulo está destinado a los módulos gastronómicos, núcleos de servicios y establecimientos similares ubicados o proyectados en plazas, parques y otros espacios verdes.

En este punto, los legisladores piden conocer la ubicación, el estado de ejecución y el régimen de contratación de cada proyecto. También solicitan copias de los pliegos de bases y condiciones, actos de adjudicación y contratos correspondientes.

Además, buscan conocer cuánto abonará cada adjudicatario y cuál es la inversión privada comprometida en cada caso.

El impacto sobre plazas y parques

El pedido de informes también consulta si antes de autorizar o instalar estos establecimientos el Gobierno porteño realizó estudios sobre su impacto urbano, ambiental, paisajístico o sobre el uso del espacio público.

Los fundamentos de la iniciativa señalan que en los últimos años se produjo un incremento de puestos de café y otros emprendimientos gastronómicos de pequeña escala en plazas, parques, veredas y otros sectores del espacio público.

Según plantea el proyecto, conocer el marco jurídico de cada autorización permitiría determinar cómo se otorgan esos permisos, si se cumplen las normas de habilitación y seguridad alimentaria y cuál es la contraprestación que recibe la Ciudad por el uso comercial de bienes de dominio público.

Los autores sostienen además que la información permitiría a la Legislatura ejercer sus funciones de control sobre la administración del espacio público y evaluar el impacto de estas actividades sobre su utilización por parte de los vecinos.

El proyecto lleva como coautores a Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Solana Pelayo, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.