La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires analiza un pedido de informes presentado por la legisladora Bárbara Rossen y otros diputados de la oposición, en relación al Concurso Público convocado mediante la Disposición N.º 145/DGCOYP/26, que habilita la instalación y explotación de “núcleos de servicios” en espacios verdes porteños.

La iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contempla otorgar permisos a privados para construir, mantener y explotar módulos de servicios en 16 parques y plazas, bajo un régimen de concesión por hasta cinco años prorrogables, con el pago de un canon mensual base fijado por el Banco Ciudad.

Espacios alcanzados y cánones base

Según el pliego oficial del concurso, los espacios incluidos y sus cánones mensuales base son los siguientes:

• Parque La Isla de la Paternal – $1.120.000
• Parque Los Andes – $1.520.000
• Parque de las Américas – $2.240.000
• Plaza Armenia – $2.380.000
• Plaza Club Alemán de Equitación – $2.110.000
• Plaza Florencio Sánchez – $2.240.000
• Parque Ernesto Jaimovich – $2.380.000
• Velódromo de la Ciudad – $2.240.000
• Plaza Sicilia – $2.380.000
• Parque Thays – $2.110.000
• Parque Mujeres Argentinas – $2.640.000
• Parque Micaela Bastidas – $2.510.000
• Parque Chacabuco – $1.120.000
• Parque Indoamericano – $590.000
• Parque España – $860.000
• Parque de los Patricios – $1.250.000
• Reclamos legislativos

El pedido de informes exige al Poder Ejecutivo que detalle si se realizaron estudios de impacto ambiental acumulativo sobre el conjunto de los proyectos, así como información sobre la afectación de superficie absorbente en cada espacio verde intervenido.

También solicita precisiones sobre los mecanismos de participación ciudadana, el rol de las juntas comunales y la eventual intervención de organizaciones vecinales en el control y seguimiento de las concesiones.

Otro eje central del planteo es el sistema de control y auditoría durante la obra y la explotación comercial, incluyendo la gestión de residuos, eficiencia energética, uso de energías renovables, preservación del arbolado y mitigación del impacto sonoro y lumínico.

Los legisladores advierten además sobre el riesgo de una eventual “ocupación indebida” o expansión de áreas comerciales dentro de los parques, mediante la instalación de mesas, cerramientos o sectores de uso exclusivo, lo que podría afectar el carácter público de los espacios verdes.

Debate por el esquema económico

El proyecto también cuestiona la metodología utilizada para fijar los cánones base, al considerar que algunos valores resultan bajos en comparación con precios de mercado, y solicita copia de las tasaciones del Banco Ciudad junto con los informes técnicos y urbanísticos que las respaldan.

Asimismo, pide conocer los mecanismos previstos para controlar la amortización de las inversiones privadas, los plazos de recuperación, la eventual existencia de pasivos contingentes para la Ciudad y la realización de auditorías contables, financieras y patrimoniales periódicas.

Discusión de fondo

En los fundamentos, los autores del pedido sostienen que los espacios verdes cumplen funciones ambientales, sociales y urbanas esenciales, y remarcan la necesidad de evitar procesos de privatización funcional o restricción del acceso libre y gratuito.

También plantean la importancia de evaluar alternativas de gestión pública, comunitaria o cooperativa para la prestación de servicios en parques y plazas, y de garantizar transparencia, control estatal y participación ciudadana en toda intervención sobre el espacio público porteño.