La legisladora porteña Amanda Martín presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar al Gobierno porteño información sobre el cierre del Jardín de Infantes Nucleado JIN B del Distrito Escolar 5° y el proceso de reubicación de su comunidad educativa.

La iniciativa, que lleva también la firma de la legisladora Vanina Biasi, establece un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación u organismos correspondientes, responda una serie de preguntas sobre la medida.

Uno de los principales puntos busca conocer los motivos formales y técnicos que fundamentaron la decisión de cerrar el JIN B, además de solicitar las resoluciones, disposiciones o dictámenes administrativos relacionados con la medida.

El proyecto también requiere precisiones sobre la cantidad de salas, turnos y sedes alcanzadas. En particular, solicita información sobre los espacios que funcionaban en la calle San José 1985, en la Escuela Primaria N° 26, ubicada frente al Hospital Garrahan, y en la Escuela N° 18 sobre la avenida Caseros.

Otro de los ejes del pedido de informes es la situación de las niñas y niños que concurrían al jardín. Las legisladoras solicitan que se detalle el plan de reubicación previsto para la totalidad de la matrícula, incluyendo las escuelas de destino, la cantidad de alumnos que actualmente tienen esas instituciones y la disponibilidad de espacio físico y vacantes.

El objetivo es determinar si los establecimientos que recibirán a los alumnos cuentan con capacidad suficiente para absorber la matrícula sin generar una mayor concentración de estudiantes en las aulas.

La situación laboral del personal docente y no docente constituye otro de los puntos incluidos en la iniciativa. El Gobierno porteño deberá informar cuántos docentes titulares, interinos y suplentes están afectados por el cierre y explicar los mecanismos y el cronograma previstos para la reubicación de los titulares que pasen a disponibilidad.

También se solicita conocer cuál será el destino y la continuidad laboral de los docentes interinos, suplentes y curriculares que actualmente trabajan en el JIN B.

El proyecto incorpora además una consulta sobre el cumplimiento de la normativa porteña que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años. En ese sentido, pide que el Ejecutivo explique cómo se compatibiliza el cierre de salas y del jardín con la obligación vigente de garantizar el acceso a la educación inicial desde esa edad.

Otro de los requerimientos apunta a la planificación educativa y de infraestructura en la zona. Martín y Biasi solicitan saber si antes de disponer el cierre se realizaron relevamientos y diagnósticos socioeducativos en la Comuna 4, que comprende los barrios de Constitución (Comuna 1), Barracas y Parque Patricios (Comuna 4), para determinar la demanda de vacantes no satisfecha en el nivel inicial.

En los fundamentos del proyecto se señala que el pedido busca obtener información institucional precisa sobre el “reciente anuncio” del cierre del JIN B, que cuenta con salas distribuidas en instituciones educativas de esos tres barrios.

Según se plantea en la iniciativa, la medida habría generado preocupación entre las familias y la comunidad educativa y tendría impacto sobre aproximadamente 15 trabajadores y trabajadoras de la educación. Los fundamentos mencionan particularmente la incertidumbre respecto de la continuidad laboral de docentes suplentes e interinos y del proceso de disponibilidad de los titulares.

Las autoras también expresan preocupación por el destino de los alumnos y por las condiciones edilicias y pedagógicas de las escuelas que deberían recibirlos. Según sostienen, algunas de las instituciones previstas para la reubicación ya presentan niveles elevados de matrícula, por lo que advierten sobre el riesgo de una mayor concentración de estudiantes.

En ese marco, el proyecto cuestiona que se reduzca la oferta de educación inicial mientras la Ciudad debe garantizar el acceso obligatorio a la sala de 3 años. Las legisladoras plantean que esta situación adquiere especial relevancia en zonas donde históricamente existe una elevada demanda de vacantes.

El pedido de informes también menciona la necesidad de considerar los cambios demográficos y las transformaciones en las necesidades educativas de las familias al momento de planificar la oferta de jardines y salas de nivel inicial.

La iniciativa concluye solicitando la aprobación del proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo porteño brinde información detallada sobre las razones del cierre, la reubicación de los alumnos, la situación del personal y la planificación de vacantes e infraestructura educativa en el área alcanzada por la medida.