Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone crear el Programa Garrafa Social Ciudad, destinado a garantizar el acceso a garrafas de gas licuado de petróleo a hogares en situación de vulnerabilidad social que no cuenten con acceso efectivo al servicio de gas natural por red.

La iniciativa es impulsada por el legislador Andrés La Blunda, con la coautoría de Claudio Américo Ferreño y Andrea Mariana González. El proyecto plantea reemplazar el régimen establecido por la Ley 1.353, vigente desde 2004, y actualizar sus mecanismos de acceso y cobertura.

El programa estaría destinado a hogares residentes en la Ciudad cuyos ingresos mensuales no superen una vez y media el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a la composición familiar, según las mediciones del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta contempla dos situaciones. Por un lado, a quienes directamente no tengan conexión domiciliaria a la red de gas. Por otro, a hogares que cuenten con conexión pero tengan el suministro suspendido o cortado por mora o falta de pago.

En este último caso, deberán acreditar que iniciaron gestiones concretas para regularizar la deuda y recuperar el servicio. Entre las acciones contempladas figuran acuerdos de regularización, reclamos sobre facturación o deuda, solicitudes de subsidios o planes especiales y gestiones ante organismos públicos o de defensa de consumidores.

Cobertura de hasta el 100%

El proyecto establece una cobertura general de al menos el 50% del precio de referencia de cada garrafa reconocida por el programa.

La cobertura será superior para hogares donde vivan niñas, niños o adolescentes, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas. En esos casos, el porcentaje podrá llegar hasta el 100%, de acuerdo con los ingresos, la composición familiar, las condiciones habitacionales y el nivel de vulnerabilidad.

A su vez, los hogares en situación de indigencia o emergencia habitacional tendrán garantizada una cobertura del 100% del precio de referencia de las garrafas alcanzadas.

El beneficio podrá aplicarse a garrafas de 10, 12 o 15 kilogramos y podrá instrumentarse mediante bonos, vales, tarjetas, descuentos directos, reintegros u otros mecanismos.

Dos garrafas por mes durante el invierno

La iniciativa fija además una cantidad mínima de garrafas subsidiadas. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el beneficio alcanzaría como mínimo a dos garrafas mensuales, mientras que entre octubre y marzo contemplaría al menos una.

La autoridad de aplicación podrá ampliar esas cantidades teniendo en cuenta la composición del hogar, el nivel de vulnerabilidad y situaciones climáticas o de emergencia.

El proyecto también establece que la falta de una cuenta bancaria no podrá impedir el acceso al beneficio y prevé mecanismos alternativos para los hogares que no puedan utilizar medios bancarios.

Registro y control

La propuesta crea un Registro Único de Beneficiarios del Programa Garrafa Social Ciudad, que deberá articularse con bases de datos sociales y de servicios públicos para verificar los requisitos y evitar superposiciones.

La inscripción podrá realizarse tanto de manera digital como presencial en sedes comunales, espacios de atención social y otros puntos territoriales. Además, se busca evitar obstáculos para quienes viven en barrios populares, hoteles, pensiones, inquilinatos, viviendas informales o atraviesan situaciones de emergencia habitacional.

La autoridad de aplicación deberá informar semestralmente a la Legislatura la cantidad de hogares beneficiarios, su distribución por comuna y barrio, las solicitudes aprobadas y rechazadas, los montos otorgados y la ejecución presupuestaria, entre otros datos.

Los autores sostienen que, a más de veinte años de la creación del régimen vigente, las condiciones sociales y económicas requieren actualizar la herramienta. El nuevo proyecto incorpora además como criterio central el “acceso efectivo” al gas de red, contemplando que una conexión existente no garantiza que una familia pueda utilizar el servicio si este fue suspendido por falta de pago.

De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo porteño tendría 90 días desde su promulgación para reglamentarla. Mientras se implemente el nuevo programa, el proyecto establece la continuidad de las prestaciones vinculadas al régimen actualmente vigente.