Legisladores porteños ingresaron un proyecto de Ley en la Legislatura porteña para modificar de manera integral la Ley 6171 de Regulación de la Cobranza Extrajudicial. La iniciativa busca establecer nuevas reglas para las agencias de cobranza y también para bancos, entidades financieras y empresas que gestionen de manera directa el cobro de sus propias deudas.

Entre las principales modificaciones, el texto propone limitar a un contacto diario y dos semanales las comunicaciones por una misma deuda. También establece horarios: no podrán realizarse llamados o mensajes de lunes a viernes entre las 20 y las 8, los sábados antes de las 8 y después de las 12, ni durante domingos, feriados y días no laborables.

La iniciativa prohíbe además contactar a empleadores, compañeros de trabajo o terceros ajenos a la deuda sin autorización previa y expresa. También busca impedir comunicaciones que aparenten ser judiciales, amenazas de denuncias penales por deudas civiles o comerciales, intimidaciones relacionadas con viviendas, salarios o jubilaciones y publicaciones de datos de deudores en redes sociales u otros espacios.

El proyecto establece que, desde el primer contacto, la persona deberá recibir información clara sobre quién reclama la deuda, quién es el acreedor, el origen de la obligación, la fecha de mora y el monto actualizado, discriminando capital, intereses, gastos y otros conceptos. También deberán informarse los medios de pago habilitados y el procedimiento para obtener el certificado de cancelación de la deuda.

Otro de los cambios está relacionado con las deudas desconocidas o presuntamente fraudulentas. Cuando una persona impugne por escrito una obligación por considerar que no existe, fue cancelada o pudo originarse en una suplantación de identidad, la cobranza extrajudicial debería suspenderse durante 30 días hábiles. En ese período, el acreedor deberá presentar documentación que permita acreditar el origen de la deuda.

Para las refinanciaciones, la propuesta establece que las cuotas mensuales no puedan superar el 20% de los ingresos netos demostrables de la persona deudora o, cuando esa información no esté disponible, el salario mínimo legal. Los acuerdos deberán quedar registrados y el consumidor recibirá una constancia con las cuotas, montos, vencimientos e intereses pactados.

El proyecto también crea una licencia obligatoria para las agencias que realicen cobranzas de terceros en la Ciudad, junto con un Registro de Cobranza Extrajudicial y un Registro Público de Infractores. Las empresas deberán contar con garantías, seguro de responsabilidad civil y un abogado matriculado como Responsable de Cumplimiento Normativo, encargado de supervisar los protocolos y las prácticas de cobranza.

La regulación alcanza además a las áreas internas de cobranza de bancos y empresas, que deberán inscribirse en un registro específico y cumplir obligaciones similares. El uso de inteligencia artificial, agentes virtuales, sistemas predictivos y mensajes automatizados quedará sujeto a auditorías y supervisión profesional, con obligación de informar cuando intervenga una herramienta automatizada y ofrecer una alternativa inmediata de atención humana.

El régimen sancionatorio propuesto divide las infracciones en leves, graves y muy graves. Las multas podrían alcanzar las 2.100 Canastas Básicas Totales para el Hogar 3 publicadas por el INDEC, mientras que las faltas graves podrían derivar en suspensiones de hasta 90 días y las muy graves en la revocación definitiva de la licencia y una inhabilitación de cinco años.

En los fundamentos, los autores sostienen que la Ley 6171, sancionada en 2019, no contempló de manera suficiente las cobranzas realizadas por áreas internas de bancos y empresas ni las nuevas herramientas automatizadas. El proyecto también cita datos de mora en la Ciudad y situaciones de hostigamiento denunciadas por consumidores, y plantea crear un Programa Integral de Protección y Asistencia para brindar orientación, recibir reclamos, promover educación financiera y atender situaciones de vulnerabilidad vinculadas con el sobreendeudamiento.

Fue presentado por el legislador Leandro Santoro y tiene como coautores a Francisco Caporiccio, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Andrea González, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Matías Lammens, Federico Mochi, Claudia Negri, Claudia Neira, Bárbara Rossen y Guillermo Suárez.