Dos proyectos de ley presentados en la Legislatura porteña buscan establecer nuevas reglas para las personas endeudadas en la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas, impulsadas por la legisladora Vanina Biasi junto a Amanda Martín, abordan el problema desde dos frentes: una propuesta para declarar la emergencia crediticia de los hogares durante dos años y otra destinada a proteger a los deudores frente a prácticas abusivas de cobranza.

Los proyectos fueron ingresados el 8 de septiembre y llevan los expedientes 2746-D-2026 y 2745-D-2026, respectivamente.

Emergencia crediticia por dos años

El proyecto de ley correspondiente al expediente 2746-D-2026 propone declarar la emergencia crediticia de los hogares de la Ciudad por un plazo de dos años, con la posibilidad de prorrogarla por otros dos años mediante una decisión de la Legislatura.

La iniciativa alcanzaría a personas con domicilio en la Ciudad que tengan deudas vigentes por préstamos personales, tarjetas de crédito u otros créditos al consumo otorgados desde el 1° de enero de 2024 hasta la eventual sanción de la ley.

El régimen incluiría préstamos otorgados por bancos y otras entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, billeteras virtuales, comercios minoristas y otras personas o empresas que otorguen créditos al consumo.

El proyecto contempla tanto a personas que estén al día con sus pagos como a quienes se encuentren en mora.

Para quedar comprendidas, las personas deberían tener un ingreso mensual promedio de los últimos 12 meses inferior a 1,5 veces la Canasta de Consumos Mínimos calculada por la Junta Interna de ATE-INDEC. El texto toma como referencia un valor de $2.558.677 para julio de 2026.

También establece exclusiones para quienes hayan registrado un incremento del 20% o más en el valor total de sus activos desde enero de 2024, con algunas excepciones.

Suspensión de embargos y condonación de intereses

Entre las principales medidas propuestas aparece la suspensión, durante la vigencia de la emergencia, de los juicios ejecutivos por cobro de deudas y de los embargos sobre sueldos, jubilaciones, pensiones y subsidios sociales de las personas alcanzadas.

También se plantea impedir la traba de inhibiciones generales de bienes.

El proyecto propone, además, excluir a los beneficiarios del régimen de determinados registros de deudores, entre ellos el registro de deudores del Banco Ciudad, el CENDEU del Banco Central y las empresas privadas de informes crediticios.

Otra medida sería la condonación total de intereses punitorios, recargos por mora, comisiones administrativas y tasas aplicables en el ámbito porteño.

Condonación de deudas y refinanciación

La iniciativa establece un régimen de condonación del 100% del capital e intereses de determinadas deudas de tarjetas de crédito, plataformas digitales y préstamos personales o de consumo, hasta un monto equivalente a dos Canastas de Consumos Mínimos.

El beneficio estaría destinado a determinados grupos considerados en situación de mayor vulnerabilidad.

Entre ellos figuran hogares cuyos ingresos familiares promedio sean inferiores a la Canasta Básica Total establecida por el IDECBA para una familia de cuatro integrantes; personas que destinen más del 70% de sus ingresos a alquiler, expensas, alimentos, transporte, telefonía y servicios públicos; personas desempleadas que hayan atravesado períodos de desempleo superiores a tres meses desde enero de 2024; jubilados y pensionados con haberes inferiores a dos haberes mínimos y personas con discapacidad o familiares a cargo.

También se contempla a trabajadores de la administración pública porteña, docentes, personal de salud y empleados de empresas estatales de la Ciudad que hayan sido despedidos, desvinculados, pasados a disponibilidad o cuyos contratos hayan sido dados de baja o no renovados desde el 10 de diciembre de 2023.

El proyecto incluye además a beneficiarios de programas sociales porteños o nacionales que hayan sufrido la baja unilateral de la prestación.

Para las personas que tengan un saldo de deuda superior al monto condonado, se establece una refinanciación con una quita del 50% del capital restante, cuotas fijas sin intereses y un límite: la cuota mensual no podría superar el 15% de los ingresos del deudor.

Un segundo proyecto contra las cobranzas abusivas

El expediente 2745-D-2026 plantea un régimen diferente y complementario. Su objetivo es establecer una protección integral para deudores y usuarios del sistema financiero, bancario, fintech y de crédito frente a prácticas abusivas, hostiles o extorsivas de cobranza extrajudicial.

La propuesta alcanza a bancos públicos y privados, entidades financieras, empresas proveedoras de crédito no bancario, billeteras virtuales, plataformas fintech, fideicomisos financieros, estudios jurídicos, agencias de cobranza y cualquier persona o empresa que pretenda cobrar deudas monetarias en la Ciudad.

Uno de los puntos centrales es la prohibición de vender, ceder o transferir carteras de deuda derivadas de relaciones de consumo, préstamos personales, operaciones bancarias o uso de billeteras virtuales a terceros, agencias de cobro o fideicomisos financieros.

El proyecto establece que cualquier cesión realizada en contra de esa prohibición sería considerada nula y dejaría extinguida la obligación principal del deudor.

También propone impedir que una entidad que no sea la que otorgó originalmente el crédito pueda imponer aumentos de tasas, recargos, punitorios, honorarios o comisiones que no estuvieran previstos en el contrato original.

Límites para las llamadas y mensajes

La iniciativa también establece reglas concretas para las comunicaciones de cobranza.

Entre otras restricciones, propone prohibir llamadas, mensajes automáticos o correos electrónicos fuera del horario de 10 a 17 durante los días hábiles administrativos.

Además, plantea que no pueda realizarse más de una comunicación semanal por cualquier vía o canal de contacto.

Las empresas tampoco podrían comunicarse con familiares, allegados, vecinos, empleadores o compañeros de trabajo del supuesto deudor para informar o indagar sobre la existencia de una deuda.

Otra de las conductas que el proyecto busca prohibir es la utilización de documentación con apariencia judicial, sellos de tribunales o cédulas de notificación que puedan hacer creer al deudor que existe una ejecución judicial en curso cuando se trata de una gestión extrajudicial.

También se busca impedir la publicación o amenaza de publicación de la situación de morosidad en registros públicos, redes sociales, lugares de trabajo o espacios a los que accedan terceros.

Multas y hasta clausuras

El proyecto establece sanciones para bancos, billeteras virtuales y agencias de cobranza que incumplan estas disposiciones.

Las multas propuestas van de 10.000 a 500.000 Unidades Fijas y, para determinados casos, se contempla incluso la clausura definitiva de establecimientos de cobranza y la caducidad de la autorización o personería para operar en la Ciudad.

Los fondos obtenidos mediante las multas serían destinados a un fondo público de asistencia y desendeudamiento para sectores populares.

Dos proyectos para abordar el endeudamiento

En conjunto, las dos iniciativas plantean una intervención amplia sobre el problema del endeudamiento de los hogares porteños.

El expediente 2746-D-2026 apunta principalmente a modificar las condiciones de las deudas existentes mediante una emergencia crediticia, condonaciones, quitas, refinanciaciones, límites a las cuotas y suspensión de determinadas ejecuciones y embargos.

El 2745-D-2026, en cambio, se concentra en la etapa de cobranza y propone limitar las prácticas de bancos, fintech, agencias y estudios que reclaman deudas, con especial énfasis en las comunicaciones, la cesión de carteras y los mecanismos de presión sobre los deudores.

En los fundamentos, Biasi y Martín sostienen que el sobreendeudamiento es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida, los despidos y el crecimiento de los créditos utilizados para afrontar gastos cotidianos.

Los proyectos cuestionan particularmente el costo financiero de los créditos no bancarios y el funcionamiento de las empresas y agencias que adquieren carteras de deudores para luego gestionar su cobro.

Ambas iniciativas deberán ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de una eventual sanción. De aprobarse, implicarían cambios sustanciales en la relación entre los hogares endeudados y el sistema de crédito que opera en la Ciudad.