Un grupo de legisladores porteños presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre el desalojo realizado el pasado 28 de abril en un inmueble ubicado en la calle Barzana 1236, en el barrio de Parque Chas (Comuna 15). La iniciativa, impulsada por la legisladora Claudia Neira junto a otros diputados, pone el foco en posibles irregularidades en el procedimiento y en la protección de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el lugar. El GCBA había denunciado trabajo infantil y un comunicado de la comunidad educativa lo refutó, por lo cual se piden mayores precisiones oficiales.

El proyecto solicita que el Gobierno porteño responda, en un plazo de 30 días, una serie de puntos vinculados al operativo, que según la versión oficial se realizó en un inmueble donde funcionaba un taller textil clandestino. Entre los principales requerimientos, se pide información sobre la clausura previa por riesgo edilicio, las inspecciones realizadas en los últimos años y las denuncias existentes sobre el funcionamiento del lugar.

Uno de los aspectos centrales del pedido es la diferencia temporal entre la disposición administrativa que ordenaba el desalojo —fechada el 29 de enero de 2026— y su ejecución efectiva, concretada recién tres meses después. Los legisladores consideran “llamativo” este lapso, especialmente a la luz de los hechos que se dieron a conocer tras el operativo.

El texto también exige precisiones sobre la intervención de distintos organismos, como la Agencia Gubernamental de Control, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, se busca conocer si existieron relevamientos previos sobre las familias que habitaban el inmueble, la cantidad de personas afectadas y las medidas adoptadas durante y después del desalojo.

En particular, el proyecto pone énfasis en la situación de los menores de edad. Según la comunicación oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad, en el lugar se habrían detectado casos de trabajo infantil en condiciones de explotación, lo que derivó en la intervención de la justicia y en el “rescate” de los niños y adolescentes. Sin embargo, los legisladores advierten que no se brindaron detalles suficientes sobre las acciones concretas de protección, el seguimiento de los casos ni los dispositivos de asistencia implementados.

Además, el pedido de informes incorpora una versión alternativa sobre lo ocurrido. De acuerdo con un comunicado de docentes y de la cooperadora de la Escuela 22 del Distrito Escolar 14, a la que asisten los menores involucrados, en el inmueble no funcionaría un taller clandestino en los términos señalados por el Ejecutivo. Según esa fuente, las máquinas de coser pertenecerían a una madre de los niños que realiza trabajos de confección y ha colaborado con la comunidad educativa.

Frente a estas versiones contrapuestas, los legisladores subrayan la necesidad de contar con información “detallada y certera” para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección integral de derechos. También solicitan datos sobre eventuales procesos judiciales iniciados, detenciones, decomisos de maquinaria y protocolos de actuación aplicados durante el operativo.

El proyecto remarca que, en casos donde podrían estar comprometidos derechos fundamentales —como la integridad, la educación o las condiciones de vida de menores de edad—, el Estado debe garantizar intervenciones adecuadas, coordinadas y transparentes. En ese marco, el pedido de informes busca esclarecer las circunstancias del desalojo y las acciones posteriores, en un contexto de creciente debate sobre los procedimientos de este tipo en la Ciudad.