El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso nuevas medidas cautelares sobre bienes vinculados a la familia Kirchner, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, en Constitución (Comuna 1), el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad.

El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. El embargo forma parte de la ejecución patrimonial de la sentencia que estableció un decomiso de 685.000 millones de pesos sobre bienes relacionados con los condenados.

La resolución fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Según explicaron, las medidas buscan impedir que los activos alcanzados puedan ser dispuestos mientras continúa el proceso destinado a determinar el decomiso definitivo.

El tribunal aclaró que el embargo no supone por el momento una subasta ni la venta inmediata del inmueble, y tampoco altera su titularidad registral. La medida, sin embargo, abre un escenario sobre la continuidad del domicilio en el que la ex mandataria cumple actualmente la prisión domiciliaria.

La decisión se inscribe en una segunda etapa de la ejecución de los bienes vinculados a la causa Vialidad. En una primera instancia, el TOF 2 había dispuesto avanzar sobre 111 propiedades relacionadas con los condenados. Ese conjunto incluyó inmuebles vinculados a la familia Kirchner y otros pertenecientes al empresario Lázaro Báez y sus sociedades.

Ahora, el tribunal avanzó sobre un nuevo grupo compuesto por 144 bienes, entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas empresas. En esta etapa también fueron alcanzados cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, depositados en una caja de seguridad bancaria.

Los jueces fundamentaron las nuevas medidas en las conclusiones de la sentencia de la causa Vialidad, que estableció la existencia de una relación económica entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner durante el período investigado, entre 2003 y 2015.

De acuerdo con el criterio del tribunal, parte de los fondos provenientes de las maniobras investigadas habría quedado incorporada a bienes y sociedades vinculadas con la familia Kirchner, entre ellas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Por ese motivo, consideró necesario preservar los activos mientras se completa la ejecución de la condena.

La causa continúa además con instancias pendientes sobre el primer grupo de bienes. La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el criterio del TOF 2 respecto del decomiso, pero los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron llevados ante la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver los recursos presentados.

Con las nuevas cautelares, el TOF 2 mantiene en marcha la ejecución patrimonial de la condena, mientras se define el destino definitivo de los bienes alcanzados por el decomiso.