Un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña propone encomendar a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) la realización de un examen especial sobre el denominado operativo “Tormenta Negra”, desplegado por el Gobierno porteño en barrios populares de la Ciudad durante mayo de 2026. La iniciativa busca revisar los procedimientos administrativos y operativos, los recursos utilizados y las actuaciones de los distintos organismos que participaron.

El proyecto fue presentado este lunes 21 de septiembre por la legisladora Delfina Velázquez, junto con Matías Barroetaveña, María Bielli, Victoria Freire, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra. Según el registro oficial, el expediente se encuentra en la Secretaría Parlamentaria y todavía espera la asignación de giro a las comisiones.

La propuesta establece que la auditoría deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual sanción de la resolución. Entre otros aspectos, plantea examinar los protocolos implementados, los actos administrativos vinculados con la asignación de recursos económicos y de personal y la participación de las distintas áreas y organismos estatales.

Uno de los puntos incluidos en el proyecto es el análisis de los recursos presupuestarios destinados al operativo y de la cantidad de agentes movilizados. También se propone relevar las modalidades de traslado utilizadas, tanto terrestres como aéreas, y determinar si fueron empleados drones, cuántos y con qué finalidad.

La iniciativa plantea además revisar las actas y documentación vinculadas con las inspecciones de actividades comerciales realizadas durante el operativo y evaluar su adecuación a la normativa vigente. En particular, pide analizar las actuaciones relacionadas con corralones de materiales, recicladores, cartoneros, recuperadores urbanos y vendedores ambulantes.

Otro capítulo apunta a los decomisos e incautaciones. El proyecto solicita que se determine qué materiales fueron retirados, cuál fue su destino y si posteriormente se produjeron devoluciones. También contempla incluir otras actividades o rubros que hayan sido alcanzados por los procedimientos.

La Auditoría también debería revisar las actuaciones vinculadas con el retiro de vehículos abandonados en la vía pública y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley 342.

En relación con las personas en situación de calle, el proyecto propone analizar si se aplicaron los protocolos previstos por la Ley 3706 y si hubo derivaciones a Centros de Inclusión Social (CIS) de personas detectadas durante el operativo.

El pedido de auditoría incluye además la actuación de la Policía de la Ciudad. En particular, busca conocer la cantidad y las causas de las personas detenidas o aprehendidas y diferenciar los casos vinculados con pedidos de captura, situaciones de flagrancia y aquellas personas demoradas por falta de documentación.

También solicita revisar los procedimientos internos que se hayan iniciado a partir de denuncias por presuntos abusos durante el despliegue.

Otro punto está relacionado con los allanamientos y clausuras de lugares señalados como puntos de venta de drogas. La iniciativa plantea revisar las actuaciones y determinar cuál fue el destino y la custodia posterior de esos inmuebles.

El operativo “Tormenta Negra” fue presentado por el Gobierno porteño como un despliegue simultáneo de seguridad y ordenamiento del espacio público. Según información oficial difundida entonces, participaron más de 1.500 efectivos y se realizaron controles de personas y vehículos, remoción de autos abandonados e inspecciones de comercios, además de procedimientos vinculados con la venta de drogas.

El Gobierno porteño informó durante el operativo que había 20 detenidos hasta las 21 horas del 14 de mayo y que se habían cerrado cuatro búnkers de drogas. Otros reportes posteriores consignaron 27 detenidos y 25 comercios clausurados.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el examen especial permitiría contar con información sobre el uso de recursos públicos y los procedimientos realizados. También citan las facultades de la AGCBA previstas en la Ley 70 para realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación a pedido de la Legislatura.

La iniciativa todavía no fue aprobada. El expediente 2926-D-2026 fue ingresado el 21 de septiembre y, de acuerdo con el registro parlamentario, permanece a la espera de la asignación de las comisiones que deberán analizarlo.